La acusación constitucional en contra de Piñera en la Cámara de Diputados se ha convertido en un símbolo de la podredumbre general. El intento de desembarazarse de un presidente sin honor se realiza del modo más deshonroso posible.
En 1990, los partidos políticos de la Concertación asumen el mando de la nación. Han logrado ganarle al dictador en las urnas, en un proceso negociado fuera de nuestras fronteras. Para ello, engañaron al pueblo, haciéndole creer que cumplirían con las demandas conculcadas durante 17 años. Se impone un candidato especialmente designado para esa tarea: Patricio Aylwin Azócar.
Votaron como siete, casi todos del Apra, pero replicaron con bots una consulta de utilería. Parece que el gobierno del 5% de aprobación necesita legitimidad para una acción, que no es más que un disparo en los pies porque se incendia la Araucanía al llamado del kultrún.
La detención de un militante de RN, encargado de los drones de vigilancia en la región de Antofagasta, programa financiado con más de $500 millones de pesos por la Subsecretaría de Prevención del Delito, imputado de actividades delictuales en conjunto con las bandas de narcotráfico que debía desbaratar, tiene a la derecha con los pelos de punta. El asunto de fondo es que se trata apenas de un botón de muestra.
El diario argentino “Clarín” destapó un encuentro “secreto” entre el ministro de Seguridad trasandino y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. El objetivo del encuentro sería coordinar la represión a organizaciones mapuche. Un encuentro similar fue parte de la llamada “Operación Huracán” en 2018.
En las calles del centro de Santiago se registraron manifestaciones que fueron-como es habitual-duramente reprimidas. El pueblo sigue en estado de alerta por el asesinato de otro comunero mapuche.
El hecho de que todos los candidatos presidenciales (excepto, uno que vive en Estados Unidos) estén en cuarentena sanitaria es tan espeluznante que la única manera de encontrarle algo de sentido a esto, es tomarlo como síntoma de una enfermedad mayor.
El ataque perpetrado por la Armada en la provincia de Arauco, en la medida en que se conocen y se confirman los antecedentes, revelan una red de mentiras: son los intentos de los responsables de ocultar sus crímenes y de continuar con la represión. Sebastián Piñera es el principal de ellos.
En medio de la maraña de noticias montadas, la de hoy pasará piola. En su momento, el gobierno armó su circo con el asesinato de la joven PDI Valeria Vivanco para distraer la mirada de un país sumido en la crisis sanitaria. Hoy finalmente fue formalizado por el homicidio su compañero de labores, Leonel Contreras Canales.
En un fallo unánime hoy fueron liberados cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, acusados falsamente por el Estado del incendio de la municipalidad de Quilpué. Dos de ellos, Sergio Jaramillo y Luis Corvalán, estuvieron dos años presos “preventivamente”.
De cuasi delito de homicidio, apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público acusaron hoy a siete pacos por un operativo en Pudahuel en octubre de 2019 en el que dos menores resultaron baleados.
[ACTUALIZADO] La represión militar, amparada por el estado de excepción, cobró una víctima y una cantidad indeterminada de heridos en Cañete. El gobierno justificó la intervención militar, pero dijo que “esperará los resultados de la investigación”.
Se fue de hocico al suelo luego de recibir unos palos por la espalda, él y su equipo, mientras se paseaban como Pedro por su casa en Villa Alemana haciendo campaña. Creen que todos los barrios son Las Condes. El pueblo no olvida ni perdona.
Lo hizo de nuevo. Piñera anunció su intención de prorrogar el estado de excepción en cuatro provincias del sur. Esta vez, deberá contar con la aprobación del Congreso. La decisión parece destinada a crear una apariencia de cohesión en la derecha, además de aferrarse él mismo al cargo, durante el período del juicio político en su contra.
