Diremos “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y no tortura. Porque, según concluye el informe del Comité de Prevención contra la Tortura (CPT) sobre los hechos en el hospital El Salvador, cuando se le aplica electroshock sin anestesia a pacientes, entre ellos, menores de edad, no sería tortura, sino a lo más un trato cruel o inhumano, porque no habría intención de hacerles daño. Lo que pasa es que no tienen recursos para comprar anestesia y tener un anestesista. ¡Pobrecitos médicos!

Y esta versión de los médicos es lo que viene a confirmar el informe del CTO. Huele a podrido, sin duda. Lleno de tecnicismos está el informe luego de la visita que hicieron los burócratas esos del CTO al hospital psiquiátrico el 14 y 15 de junio pasado.

El organismo “independiente” señaló que su visita era parte de una agenda ya establecida y que nada tenía que ver con la polémica tras la denuncia de la Ministra de Salud, María Begoña Yarza, sobre que en el hospital había indicio de tortura contra los pacientes. Seguro.

Recordemos que un equipo del Ministerio y de la Seremi visitó en mayo pasado el recinto y tras esa visita Yarza interpuso una querella en la justicia. En el texto del recurso legal se argumentó que:

“Así las cosas, esta repartición pública estima que el tipo penal descrito en el artículo 150 A recién citado se configura, en la medida en que se trata de funcionarios públicos que están actuando en forma contraria a la Lex Artis, infringiendo intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, considerando además que esta persona adolece a lo menos de una enfermedad psiquiátrica severa, su estado de salud es desmejorado, por lo que se encuentra en una situación de discapacidad, para efectos del mencionado tipo penal”.

Entre otros, la Ministra denunció la aplicación de electroshock sin anestesia y deslizó tener serias dudas sobre que allí  había gente retenida contra su voluntad.

Recordemos también que posterior a esta acción judicial, el Colegio Médico golpeó la mesa y pasó a Yarza al tribunal de Ética del Colegio Médico. Obviamente, Yarza se desdijo y el Colegio Médico, como vocero, aclaró posteriormente que “la ministra fue mal informada”.

Pero volvamos al CTO. Nos enteramos de que existe este organismo “independiente”, porque un abogado, Esteban Elórtegui, le solicitó, vía recurso judicial, entregara el informe y sus conclusiones luego de la visita  del 14 y 15 de junio.

Básicamente, el informe del CTO está en línea con el discurso oficial de médicos y el enchulado de la ministra Yarza, y con el no vienen más que a blanquear la gravedad de lo que allí sucede: comenzando con la aplicación del electrochoque sin anestesias a menores de edad y adultos, aislamientos prolongados de los pacientes, falta de calefacción, infraestructura deteriorada, etc. etc.

El CTO quiere decir con toda su perogrullada y tecnicismo que allí no se tortura. Que, como dicen los médicos, ellos felices aplicarían electrochoque si tuvieran anestesia, que les falta personas y recursos, etc. etc.  

“O sea, por supuesto que no queremos tratar de manera cruel e inhumana a estos seres humanos en completa indefensión, pero ¿qué le vamos a hacer? No tenemos plata”.

Y sobre perogrulladas, una más: el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), fue creado como parte de los compromisos asumidos por el Estado de Chile al suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura (OPCAT) e inició sus operaciones durante la última semana de febrero de 2020. Su objetivo principal, es prevenir la práctica de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en lugares de privación de libertad.

Por eso no habíamos escuchado de ellos. En este país, en ningún recinto de reclusión -cárceles, Sename, furgones policiales, siquiátricos-, se tortura.

Otra alcantarilla moral.