Habría que hacerse la pregunta ¿de qué enemigo debe protegerse la “infraestructura crítica”?
Nadie podría afirmar que haya una subversión que amenace instalaciones de interés económico y público. Durante la dictadura, en las jornadas de protesta popular, los milicos salían hasta a cuidar los puentes por el peligro que representaban los manifestantes y las organizaciones armadas populares.
Pero eso no es el caso hoy, después de casi tres años del levantamiento popular de octubre del 2019.
Lo que sí es el caso, es el miedo de la clase dominante hacia el pueblo. El capital no quiere que se repita un suceso similar. Esta vez, quiere actuar, y rápidamente.
El proyecto de infraestructura crítica fue aprobado en el Senado con 37 votos a favor. Hubo uno en contra, de Fabiola Campillai, y 3 abstenciones. Ahora, será visto por la Cámara de Diputados.
Queda en evidencia la visión de los legisladores frente al pueblo. Al igual que el poder ejecutivo y el judicial, ven al pueblo como un enemigo directo a sus intereses y a su supervivencia política.
En general, el proyecto prevé que el presidente de la República tenga la facultad de movilizar a las Fuerzas Armadas para proteger la “infraestructura crítica”. “Se entenderá por infraestructura crítica», dice la propuesta, «el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país”.
El gobierno, según la prensa, asumió una posición de «no obstruir» el avance del proyecto. Eso queda refrendado en las votaciones de los senadores oficialistas.
Sin embargo, especialistas en la materia, como los del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas, varios de los cuales ocupan ahora cargos en el Ejecutivo, recomendaron, en su momento, rechazar el proyecto. Argumentan que
- Normaliza la presencia militar en asuntos de orden interno, lo que implica usar a las fuerzas armadas como entes represivos.
- Nadie asume la responsabilidad política de los hechos que provoquen las Fuerzas Armadas, lo que lleva al riesgo de la comisión de violaciones de los derechos humanos y a su impunidad.
- El presidente detenta un poder sin contrapesos, al poder determinar la implantación de estas facultades.
- La definición ambigua de protección de la “infraestructura crítica” puede llevar a fijar como objetivos a sectores del pueblo y asumir que son el “enemigo interno”.
- Los militares podrán hacer uso de armas letales, sin una definición clara que lo limite.
Estas son algunas de las objeciones al proyecto. Sin muchas especulaciones, podemos darnos cuenta claramente que la burguesía y el régimen quieren anticiparse a cualquier escenario posible, en que ellos estén en condiciones de minoría, y aún así puedan tener herramientas represivas para hacer frente a manifestaciones o levantamientos populares.
Todo esto no es nuevo, pues la represión del Estado funciona normalmente ante las huelgas laborales, manifestaciones o tomas. Y los pacos frecuentemente custodian la “infraestructura crítica” de supermercados, bencineras, malls, empresas, sin que nadie se los ordene. E incluso, militarizan territorios con ese fin.
Nada de esto es nuevo. Lo único que queda en evidencia es el miedo perturbador a perderlo todo frente a un pueblo que ya no aguante más.