Ya hemos dicho lo suficiente en estas páginas sobre los intentos del régimen y sus representantes de protegerse; sobre cómo, ante la falta de otras alternativas, se cuelgan de los chalecos antibalas de los pacos; sobre cómo ya están exagerando un poco la nota; y, especialmente, sobre cómo nada esto les va a servir de nada.

Pero no.

Dale y dale con la cuestión…

La muerte del cabo Daniel Palma, en manos, presuntamente, de una banda de mafiosos con nexos con la “familia militar” -y sobre cuyos principales sospechosos la fiscalía carece de antecedentes suficientes para obtener una orden de detención ni de allanamiento de sus domicilios, por lo que llama públicamente a denunciarlos en calidad de “personas de interés”, una expresión anglosajona inexistente en nuestro sistema legal- es tan confusa como brutal.

Quien haya visto la televisión se habrá sorprendido de cómo todos los canales se sumaron a una cadena nacional imaginaria, de apología sonsa y sentimental, de “nuestros carabineros”. No es para hablar ni bien ni mal del paco muerto, pero la cobertura de los medios de sus pompas fúnebres se asemejó a la que se dedicaría a un Papa o a un dignatario.

A una periodista de cierta trayectoria se le escapó la palabra “paco” durante las transmisiones. Fue despedida en el acto.   

¿Por qué un simple carabinero es objeto de esta atención y reverencia?

Porque les vino bien, en su condición occisa, se entiende.

En la víspera se había aprobado una ley de impunidad para la policía. Los reclamos de última hora de algunos partidos del oficialismo en contra de esa medida se desvanecieron como copos de nieve en una tarde santiaguina.

Lo predijimos aquí.

En una entrevista matutina, la diputada de RD, Catalina Pérez, ya había retrocedido de los anuncios de la noche anterior. Ahora, se limitaba a plantear que “no descartaba” la presentación de un requerimiento ante el tribunal constitucional. En los mismos momentos en que pronunciaba esas palabras, el gobierno, en la oscuridad de la mañana, ya promulgaba la llamada “Ley Naín-Retamal”, para cerrarle el paso a exactamente esa medida.

Uy, qué pena. Ya no se puede.

La renovada agitación proviene de aquellos sectores que aprendieron que cualquier concesión del gobierno, es sólo una invitación para sonsacarle más cosas.

El luto y la pena infinita de Carabineros se vio endulzado con la promesa de que el Estado les pasaría 1.500 millones de dólares al año adicionales. “¡Gracias, cabo Palma!”, suspiraron, despacito, los compungidos jefes policiales.

Pero eso no le importó a la multitud de fachos y pacos de civil que desfiló por la Alameda hasta apostarse frente al Palacio de la Moneda, en el mismo momento en que el presidente Boric encabezaba una reunión de los partidos del régimen.

La exigencia de la derecha y de sectores del oficialismo es ahora estado de excepción en Santiago. A juzgar por la experiencia de un año de gobierno liberal y progresista, nada impedirá que sus deseos se hagan realidad.

La crisis se agrava. El régimen pretende inyectar su pánico a toda la sociedad. Quiere que todo el mundo ande tan enloquecidos y desenfrenados como sus representantes.

Tendrá que ser el pueblo el que imponga el orden.