El decreto de estado de excepción dirigido en contra de los territorios mapuche no tiene nada de “acotado”, como pretende el gobierno. Una ministra de Estado reveló -involuntariamente- sus verdaderos objetivos.
Hoy muy temprano los trabajadores subcontratados de Enap volvieron a las calles en Hualpén. No queda de otra, no hay voluntad de la gerencia, ni del gobierno de llegar a acuerdo con los trabajadores externalizados. Trabajadores que realizan labores fundamentales para la empresa pero son tratados como de segunda categoría. La movilización continúa.
Están felices, respiran tranquilos. La propuesta para una nueva constitución no nacionalizará la minería. La riqueza de todos los chilenos seguirá siendo botín para los privados.
A través de un comunicado interno los representantes de los distintos “niveles” del Instituto Nacional urgen activar una mesa de trabajo con los alumnos que hoy volvieron a tomarse el liceo ante el nulo avance de las voluntades para solucionar los mínimos para seguir estudiando.
El gobierno decretó estado de excepción en cuatro provincias, Arauco, Biobío, Malleco y Cautín. La medida está dirigida en contra de la lucha del pueblo mapuche. Significa el derrumbe definitivo, luego de sólo tres meses de mandato, de toda pretensión “progresista” y de las promesas que había hecho a la ciudadanía. De ahora en más, el gobierno será un componente subordinado de un régimen que se aferra desesperadamente al poder.
