La Contraloría General de la República tomó razón del decreto número 189 del Ministerio del Interior, firmado por su titular, Izkia Siches, y el presidente de la República, Gabriel Boric. El organismo aclaró que sólo se remitió a declarar su legalidad y que la toma de razón “no se refiere a mérito de la decisión”.
Una advertencia oportuna. Porque el mérito de la decisión está envuelto en una bola de mentiras y manipulaciones de la que sería difícil “tomar razón”.
La vocera, Camila Vallejo, señaló que el estado de excepción es “acotado” al resguardo de las rutas. Y que eso es necesario para implementar el plan del “Buen Vivir” del gobierno en “La Araucanía, Wallmapu, Macrozona Sur, como quieran llamarle”, como se expresó Vallejo, que es geógrafa de profesión. Irónico.
Es decir, el “Buen Vivir”, hasta ahora, sólo ha topado con el muy confuso bypass al llegar a Temuco desde el norte. Es cierto, alguien debiera mejorar la señalización, porque uno va “pisteando como campeón” rumbo al sur y, de repente, está en el taco en pleno Temuko City.
El problema es que, pese al chamullo oficialista, el decreto, de acotar (RAE: “reservar el uso de un terreno; delimitar un ámbito”), no acota nada.
Al contrario, instruye a las fuerzas militares, que seguirán con los mismos jefes y la misma distribución de fuerzas que bajo el estado de excepción de Piñera, que “focalicen” sus medidas en “las rutas”.
No hay limitación alguna.
En términos prácticos, el accionar militar bajo los estados de excepción pasados, el general, bajo el pretexto de la pandemia, y el específico, en Malleco, Cautín y Arauco, también estuvo “focalizado” en “las rutas”.
Las razones que son fáciles de entender. Las fuerzas militares chilenas han operado en estos casos como fuerzas mecanizadas o motorizadas (la diferencia se refiere al uso o no de vehículos blindados). Evitaron, sobre todo en el segundo estado de excepción, el despliegue o el contacto con la población civil en los grandes centros urbanos.
Así, es lógico que no les quede otra que “focalizarse” en “las rutas”, lo que incluye a los medios aéreos, helicópteros, drones, etc.
Pero la falta de “acotamiento” no se queda en eso.
El decreto también pone bajo la órbita militar a las manifestaciones públicas y “velar que esas reuniones no alteren el orden público”.
Y faculta a los mandos de la Armada (que operará en la octava región) y del Ejército a “dictar medidas para la protección de las obras de arte (!) y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros”. En vez de “otros” podrían haber dicho “predios forestales” y “latifundios”, y la obra de arte quedaba perfecta. Pero se entiende la idea.
Detrás de las fórmulas leguleyas se hace evidente lo que este estado de excepción realmente es: la militarización de los territorios en los que se realiza la lucha del pueblo mapuche.
Quien lo reconoció así fue, nuevamente, la ministra de Desarrollo Social, la PPD Jeannette Vega. En una entrevista a la revista “Ya” de El Mercurio, otorgada, desde luego, antes de que Boric llamara a los milicos, afirmó que “el estado de excepción ¿qué significa? Coartar un montón de libertades y, por otro lado, el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes… Y creo que no es la solución para el Wallmapu, un lugar donde ya hay una cultura de muertes y violencia”.
Así es, hay que estar dispuesto a que haya muertes.
Pero acotado, ¿eh? Acotado.