La noticia del asesinato de una carabinera en Quilpué pudo haber significado un impacto para mucha gente, pero para los dirigentes políticos y los jefes de Carabineros del país fue, simplemente, una señal. Una vez dada, era cosa de ejecutar un guión, una puesta en escena ya preparada.
Para “la institución”, eran las exequias y los actos públicos. Nadie se preguntará cuáles fueron las circunstancias exactas de su muerte, nadie indagaría si se actuó bien o mal, quién tuvo la responsabilidad de poner en peligro al personal.
No, ninguna de estas preguntas, que son inevitables en cualquier operación policial profesional, en que cualquier daño que sufra uno de los agentes es visto como un fracaso propio, y no como un costo necesario o inevitable, será considerada públicamente.
Y la verdad es cruel.
La muerte de la sargento segundo, de 43 años y que pronto podría haberse jubilado, no es trágica, sino útil y oportuna para sus jefes.
El general director de Carabineros se presentó este lunes, luego de varias maniobras dilatorias, ante la fiscal Chong, que investiga sus responsabilidades en los delitos de lesa humanidad cometidos por la policía durante el levantamiento popular de 2019. “Se presentó” es una forma de plantearlo, porque el general Ricardo Yáñez hizo difundir a través de la prensa que él había “citado” a la fiscal a su oficina.
Al final, su versión de las cosas resultó ser más acertada, porque, una vez reunido con Chong, se limitó a declarar que guardaría silencio, un derecho que asiste a todo imputado para no incriminarse. Y él sabe que todo lo que podría decir o sería una confesión o una mentira.
Sabía que podía permitirse esta provocación -hubiese bastado un llamado telefónico de su abogado para haber evitado el interrogatorio- porque, en medio de las ceremonias y muestras de condolencias por la muerte de la carabinera, había recibido, nuevamente, “el respaldo pleno” del gobierno. Una garantía personal de impunidad que permite que el máximo jefe de la policía de este país no sea investigado por los peores crímenes posibles.
Y esta protección mafiosa se reforzó con el anuncio oficial de que no habrá nuevos indultos a los presos políticos del levantamiento popular. Deberán seguir en la cárcel, mientras que los responsables de la represión podrán gozar de prebendas y poder.
La garantía de impunidad se extiende más allá. De manera útil y oportuna, la muerte de Rita Olivares sirvió de pretexto para que los partidos del régimen, desde el PC hasta el grupo de Kast, se apresten a tramitar una serie de leyes represivas en el Congreso. El paquete legislativo mezcla antiguas iniciativas, latamente negociadas, y ocurrencias políticas del momento, como las llamadas leyes “Naín” y “Retamal”.
Esas normas, contrario a lo que vocean sus promotores, no aumentan las penas a quienes maten a un carabinero, pues eso ya se hizo, durante el gobierno de Lagos, en 2005. No, lo que buscan es que cualquier agresión a un policía termine en un castigo efectivo más alto.
Así, si un carabinero alega haber sufrido lesiones menos graves (o sea, que le dieron tres días licencia por un puñetazo, por ejemplo), el acusado arriesga hasta 15 años de cárcel; es la misma pena que por un homicidio, pero de un civil.
Esa es la igualdad ante la ley en Chile.
Además, se les libera de pagar de los daños si es que chocan con una patrulla; basta que afirmen que estaban persiguiendo a alguien. También se les dotará de “ametralladoras”, o sea, armas de guerra automáticas alimentadas con cargadores de tambor o cinta que permiten un fuego continuo de centenares de municiones… “para proteger su vida”.
Pero no son las leyes las que importan acá. ¡Como si alguna vez la represión se haya preocupado de cumplir la ley!
No, de lo que se trata es de la elevación política de Carabineros como la garantía, ya no de última instancia, sino a la posición de único resguardo del régimen. No hay más ya a lo que que puedan recurrir, ni democracia, ni constitución, ni justicia, ni economía.
Lo único que les salva, son los pacos.
Para ello, hacen votos y promesas de impunidad. Para ello, como buitres, se sirven de la muerte de una funcionaria. Y para ello buscarán servirse de los carabineros en la calle.
Elevados a la condición de bastión in extremis de un sistema corrupto, habrá integrantes de Carabineros que se crean ahora los nuevos y últimos ídolos del régimen dominante. Habrá PNI (a los paquitos de abajo se les llama así) que se solacen con las loas y vítores de fachos y alguaciles.
¿Pero querrán ser sus mártires?