El 5 de diciembre de 2021, el entonces candidato presidencial Gabriel Boric lanzó en la octava región su campaña electoral de segunda vuelta. La visita empezó mal: salió escapando ante la interpelación de un grupo de manifestantes que le exigieron que asumiera un compromiso con la liberación de los presos políticos del levantamiento popular de 2019. Y terminó, si es posible, peor. En un masivo acto de cierre en Talcahuano, una mujer, exasperada por la falta de respuestas del candidato, le lanzó un humillante escupitajo en la cara.

Pero entre un episodio y otro encontró tiempo para hacer política, en clave electoral. En Chiguayante se reunió con un grupo de alcaldes de la zona que habían estado agitando en contra de los altos precios del gas licuado y la colusión entre las empresas que controlan el mercado. Las autoridades locales tenían un plan: comprar el gas directamente a Enap y distribuirlo a través de los municipios.

El candidato presidencial recogió al vuelo la idea: “es una iniciativa importante porque da cuenta que, cuando nos organizamos, podemos cambiar la calidad de vida de la gente para mejor. Hoy día, Enap les vende el gas a las distribuidoras a $10.500 y las distribuidoras lo triplican. Esa colusión tiene cansados a los chilenos”, declaró Boric. Y agregó, para que no hubiera dudas: “es una señal de qué es lo que va a significar un gobierno nuestro: mejorar la calidad de vida concretamente de los chilenos y chilenas. Queremos que las decisiones que afectan la cotidianidad de una comuna, de una región, no se sigan tomando en una oficina en Santiago”.

Claro, esas son cosas que se dicen en campaña. Obviamente, las decisiones sí se toman en la capital. ¿Dónde más? En este caso, en el barrio financiero de Sanhattan, en Las Condes, donde está la sede de Enap, y en el edificio Santiago Downtown, en el centro, donde despacha el ministerio de Energía.

Lo importante es que, de algún modo, la promesa principal se iba a cumplir. O, mejor dicho, se iba “a avanzar” en ello.

“Avanzaremos inicialmente en un proyecto liderado por ENAP que distribuirá cilindros de gas a 100.000 familias a precios justos durante este año”, prometió, ya de manera más específica, el ahora presidente de la República en su cuenta presidencial ante el Congreso pleno en junio de 2022. Y reiteró: “la industria no puede ser fuente de aprovechamiento a costa de los consumidores, como lo hemos visto de manera indignante en los últimos días”, en referencia a las compañías distribuidoras de gas natural.

100 mil familias con precio justo… Eso significa que otros cinco millones de familias seguirían con precios injustos, gentileza de Gasco, Lipigas y Abastible.

Pero ¿para qué complicarse? 100 mil, un millón, cuatro millones. Da lo mismo.

Porque todo eso fue mentira. Promesas falsas, discursos vacíos. Engaños, puros y simples engaños.  

Cuatro meses después de la cuenta presidencial, el recién asumido ministro de Energía, Diego Pardow -quien se había desempeñado antes como jefe de los asesores presidenciales en La Moneda, o sea, el grupo de profesionales que elaboraron el discurso presidencial, incluidas sus gasíferas promesas- ya le estaba bajando la cortina a los cien mil clientes con gas a precio justo.

“Hay un piloto que va a ser evaluado por ENAP, el que va a emitir un reporte acerca del funcionamiento de ese piloto. No tiene sentido especular sobre el contenido de ese informe, sino que hay que esperar que eso se produzca. Si en ese momento es necesario sincerar algún tema, o encontrar otra trayectoria para cumplir con los compromisos presidenciales, no tengo ningún problema en hacerlo”, declaró Pardow el 30 de septiembre de 2022.

Ya. Más o menos, se sabía entonces para dónde iban los tiros.

Y a fin de año, el propio gerente general de Enap, Julio Friedmann, declaró que no iban a vender gas a precio justo, ni a 100 mil familias, sino que la empresa buscaría abrir un “negocio de nicho” en San Fernando y Linares, donde tiene centros de acopio. La expectativa, dijo, es llegar a… ¡10 mil clientes! Agregó que tampoco piensan “competir con precio”, es decir, vender más barato los balones de gas.

Y esa, querido lector, entrañable lectora, es toda la historia. Nunca hubo más. Y, por cierto, ese era un plan que Enap ya tenía hace tiempo, por su cuenta.

Todo lo demás -las cien mil familias, el precio justo- en cambio, fue un gran engaño.

Nadie lo creería, si uno sigue la controversia pública que generó la filtración de los resultados del “plan piloto”, realizado en esas mismas dos comunas y en Chiguayante. Según la versión publicada en la prensa, una simple división del costo total del plan piloto por los casi seis mil balones que había adquirido Enap, daba como resultado un costo de $117 mil por cilindro, si es que suma el IVA, cosa completamente innecesaria para estos efectos, pero bueno…

Muchos adherentes del gobierno o quizás, simplemente, adversarios del neoliberalismo se deshicieron en cálculos y ejemplos: “no, no se puede imputar las inversiones al costo por unidad”; “no, eso se amortiza en el tiempo”; “no, es como si yo me compro un auto por diez millones de pesos, lo manejo como Uber y cobrara una tarifa de un millón pesos por cada una de las primeras diez carreras”.

Está bien. Lo de las 117 lucas por balón es exagerado, errado y engañoso.

La verdad, y lo dice el mismo informe del “plan piloto”, es que el costo por cilindro lleno, listo para distribución, es de $12.367 por unidad.

A eso hay que sumar el despacho. En total, se gastaron 171 millones de pesos en ese ítem. El promedio de entregas fue de 1,5 veces al mes, durante seis meses, a poco más de 3.000 clientes. O sea, 27 mil veces alguien dijo “uff”, cargó el maldito balón al hombro y se lo pasó a los clientes. Costo de entrega “de última milla”, como dicen los ingenieros comerciales, unas seis lucas por unidad.

Para Enap, eso era mucha plata. Por eso, lo que quiere hacer ahora es venderles los cilindros a las mismas empresas que les habían arrendado los camiones para el piloto en en San Fernando y Linares. Podría ser algún otro lado más, pero eso ya depende de los distribuidores minoristas. Efectivamente, un negocio de nicho.

¿Cuál es la conclusión de todo este teatro? ¿Que las empresas estatales son peores que las privadas?

No.

La única conclusión es que los que manejan el Estado -y a sus empresas- no quieren tocar con el pétalo de una rosa a los grandes intereses monopólicos que extraen sus ganancias esquilmando a la gente.

Y no lo hacen porque obedecen a esos intereses.

Y esa es toda la historia.

Pero no hace falta engañar.