Quizás esta vez, habría sido demasiado. El podrido Tribunal Constitucional debe haber considerado cuidadosamente las consecuencias de su decisión. Por cinco votos contra tres (y seis contra dos, en algunos de los casos), rechazaron el requerimiento de senadores de la derecha y de la dupla ex-DC Walker y Rincón.

Los fundamentos tienen que recién escribirlos y se conocerán en un par de semanas. Lo que está claro, ante el mamarracho de reclamo sobre el que tuvieron que fallar, no tenían muchas otras opciones.

Quizás por eso, el ministro José Ignacio Vásquez, un facho redomado de aquellos y de capacidades cognitivas diferentes, protagonizó una pataleta monumental en la mañana, cuando envió un mail, cuyo contenido rápidamente se divulgó, como por arte de magia, en que amenazaba con no ir a emitir su voto. Después de varias idas y vueltas, el histérico jurista, finalmente, agachó el moño para dar su dictamen minoritario a favor del requerimiento.

Los autores de la fallida intentona de revertir los indultos por Boric, sin embargo, no cejan en su afán. El senador Matías Walker razonó que los jueces habrán fallado en su contra, pero que “la ciudadanía” tendría su propio juicio, una noción inquietante para un pretendido defensor de las instituciones.

La abogada Constanza Hube, que alegó, con escaso arte, ante el tribunal en favor de los reclamantes, dijo que ellos estaban “conformes, porque tres de los ocho ministros estuvieron por acoger parte de nuestros requerimientos”, lo que es, digamos, una burrada, porque hasta esta letrada debería haberse enterado de que tienen que ser cinco, y no tres, los jueces para que haya razones para estar “conformes”.

Y la muy discreta licenciada agregó que “al mismo tiempo este caso permitió transparentar ante la ciudadanía una serie de contradicciones en la decisión del presidente al conceder estos indultos y conocer las recomendaciones de no otorgarlos por parte de Gendarmería”.

¡Bravo, Frau Hube, bravo!

No sólo perdió el juicio, sino que, de paso, echó al agua a los que filtraron los documentos del proceso de los indultos que alimentaron la campaña en la prensa burguesa. Si había alguna duda de que fue -digamos, igual estamos especulando – el no muy brillante ministro Vásquez, cuyos mails se conocen al instante, quedó bastante despejada.

Porque, aunque hayan perdido ante el TC, la campaña sigue. Se trata de evitar que se use esta vía para otros presos políticos y continuar la persecución en contra de aquellos que fueron señalados por los organismos represivos, la fiscalía, los jueces y todo el régimen.

Ese es el sentido de la destemplada e imprudente intervención del ex presidente Lagos en la víspera. E imprudente fue, no sólo porque unió su maldad con su tontera en materias legales, sino también, porque, una vez más se pasó de la raya con su cinismo.

El ex diputado Tucapel Jiménez le recordó a Lagos que él fue quien indultó en 2005 a uno de los asesinos de su padre, el dirigente de la Anef, Tucapel Jiménez Alfaro. Se trata del suboficial Manuel Contreras Donaire, agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

“Yo creo que, en este tema, sólo en este tema, Ricardo Lagos debería guardar absoluto silencio, debido a que nosotros como familia fuimos víctimas de un indulto otorgado por él a un criminal de Punta Peuco, que se convirtió en uno de los procesos de indulto más negligentes que se realizaron en nuestro país. Se equivocaron de carpeta, de nombre, y hasta el día de hoy piensan que se indultó a otra persona”, señaló Jiménez, actual embajador en Suecia.

La justificación que dio Lagos en su momento fue que Contreras Donaire, alias, “Felipe”, alias “Cariño Malo”, alias “Palmenio”, “cumplía órdenes” y tenía una “situación de salud compleja” que, por lo visto, ya ha resuelto, porque este asesino ha estado libre durante todo este tiempo.

Años después, en 2010, Lagos insistió en su defensa del represor. Afirmó que “gracias a él [Contreras Donaire], en buena medida, pudo aclararse el crimen”.

Eso es una mentira.

En el juicio que se le siguió, Contreras Donaire negó todo y mintió para esconder su responsabilidad. Fue, al contrario, su jefe, Carlos Herrera Jiménez, quien confesó el crimen e inculpó a Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, los dos suboficiales que participaron directamente en el secuestro y asesinato de Tucapel Jiménez.

Es este tipo de gente la que está empeñada en mantener la campaña para impedir que se abra la mínima rendija al fin de la prisión política.

Y ésta ya surte efecto. El gobierno busca cerrar cualquier posibilidad de nuevos indultos y descalificar los ya realizados.

En vísperas del fallo del TC, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en contradicción con los argumentos entregados ante el tribunal -en el sentido de que el presidente de la República sólo ejerció sus facultades constitucionales- afirmó que los indultos fueron realizados por el ministerio de Justicia, “por delegación” presidencial, lo que sea que eso signifique. “Las consecuencias políticas están a la vista”, agregó, en referencia a la destitución de la ministra de Justicia Marcela Ríos.

Su sucesor en el cargo, Luis Cordero, hizo ver que, a partir de ahora, todo indulto deberá realizarse con acuerdo de los partidos del régimen.

“Yo creo que, si hay una enseñanza que deja este proceso, pero también los procesos anteriores, es que sostener la potestad de indulto en una persona como decisión unipersonal es probablemente una tensión del sistema institucional muy grande”, reflexionó.

Y añadió una propuesta muy decimonónica: “bajo la Constitución de 1833, el presidente de la República sólo podía indultar previo acuerdo del Consejo de Estado, que era una institución administrativa.” En realidad, se trataba de oligarcas nombrados por la Cámara de Diputados, el Senado y el propio presidente, o sea, representantes de los partidos del régimen de entonces.

Quizás el gobierno deberá volver al siglo XXI. Porque en estos tiempos, la lucha por la liberación de los presos no la detiene nadie, hagan lo que hagan.