El currículum de Ángel Valencia se relata con rapidez.

Es un hombre de Piñera. Sobre todo, cuando hay que ejecutar negocios sucios y delicados.

Está ligado al bufete de abogados panameño que manejaba el dinero sucio revelado en los Panama Papers.

Trabajó para los milicos que mandaron armas del Ejército a Croacia, durante la guerra civil yugoslava.

Es defensor del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, en el caso del asesinato del estudiante Patricio Manzano en 1985, y en varios de los desfalcos del mismo jefe policial.

Trabajó, por supuesto, para Soquimich, propiedad del Estado robada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, y vehículo de numerosas y complicadas estafas accionarias y financiares.

Y, en aquel afán, ayudó a zafar al ex senador Felipe Harboe y a la ex presidenta del PPD y actual ministra del Interior, Carolina Tohá, de las investigaciones de las millonarias coimas que recibían, entre otros, de Soquimich o SQM, como se hace llamar ahora.

Su mentor político es Andrés Chadwick, de la UDI; pero también es íntimo amigo, compadre, de hecho, del presidente del Senado, el PS Álvaro Elizalde.

Pero nada de eso, que permite hacerse una idea fácil de qué tipo de operador judicial se trata aquí, ha sido discutido abiertamente, desde que se le incluyó, compartiendo el primer lugar con el fiscal venal e incompetente José Morales, en la quina elaborada por la Corte Suprema.

No, al contrario.

Lo único que se le reprochó es que ha defendido a algunos violadores y abusadores sexuales. Eso habría sido, en los ojos del gobierno, la lápida para las ambiciones de Valencia.

Y, por un momento, pareció que eso era verdad. Lo que se llamaría una posición de principios.

Tanto así, que el propio Valencia dio publicidad a su enojo por el “injusto veto” al que estaría sometido.

Incluso, argumentó que eso, que no lo nombraran a él, atentaba en contra el derecho a una defensa que tiene todo acusado de un delito.

Una idea bastante audaz.

Pero, en ese punto, mostró una cierta, quizás interesada, ignorancia. Porque, por ejemplo, en el sistema chileno, abogados que hayan representado a imputados por la ley 20.000, o sea, delitos relacionados al narcotráfico, no pueden ocupar cargos en la administración pública. Así que quiénes fueron los clientes de un postulante a fiscal nacional, sí importa.

Pero eso es sólo un detalle. El hecho de que llorara y pataleara, sólo daba cuenta de que Valencia ya sabía que estaba fuera de la carrera.

Grande fue la sorpresa cuando el presidente Boric anunció que, en el tercer intento de confirmar un candidato a fiscal nacional en el Senado, había escogido a… ¡Valencia!

Todos quedaron sorprendidos. Incluyendo los propios senadores. Pero éstos, más que nadie, deberían saber que, con este gobierno, las posiciones de principios no existen.

Todos pensaban que el candidato iba a ser otro, el actual fiscal nacional subrogante Juan Agustín Meléndez. De hecho, el gobierno estaba consiguiendo los votos de la derecha y de la ex Concertación para que fuera elegido. Incluso, ya los tenía, justitos, pero los tenía.

Y, de repente, Boric, sacó del sombrero a Valencia.

Un senador, el RN Manuel José Ossandón, declaró haber quedado “¡plop!” con el nombramiento, porque él ya había cerrado un trato con el gobierno para elegir a Meléndez.  “¿Qué señal nos pueden estar dando a nosotros? Ninguna. No tengo idea qué planteó la UDI. Esa es harina de otro costal, porque ellos negocian cualquier cosa”, señaló.

Claro.

¿Qué hay detrás de esta movida?

¿Fue por “pragmatismo”?  ¿O se debió a la “correlación de fuerzas”? ¿Quiso el presidente dar “una señal” de conciliación a la Corte Suprema?

No, no. Según el propio Boric, él hizo la nominación porque está “convencido”.

Pero ¿convencido de qué?

¿De que el que debe perseguir los delitos es un operador inmoral y suche bien pagado de delincuentes?

Ok. Si usted lo dice, presidente, será, pues.

Ahora habrá que ver si, al final, lo aprueban los ladrones del Senado o si tienen otros planes.