El plan es impulsado por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, uno de los patrocinantes del proyecto de ley de indulto general humanitario, junto a la ahora candidata presidencial Yasna Provoste y otros. Su tramitación ha sido lenta, deliberadamente lenta. En cada comisión, se ha alargado el debate con audiencias y más audiencias, maniobras dilatorias de la derecha, como la de negar quórum para sesionar, etc.

El proyecto ahora podría votarse en general en la sala. Pero la demora sigue. Y cuando se apruebe, será el comienzo de “la cocina”: el estudio en particular, con los cambios que introducirán oficialistas y oposición.

Latorre se anticipó al contenido de ese negociado. Sostuvo que “agentes del Estado que hayan cometido delitos menores, no de lesa humanidad”, podrían verse beneficiados por el mismo indulto.

Lo que no dice es que los pacos y milicos y civiles asociados a la represión de la movilización popular que efectivamente cometieron delitos menores reales, nunca han sido perseguidos por ellos. Para eso ya tienen una impunidad garantizada.

Y de graves crímenes cometidos, sólo una pequeña minoría es investigada. Y en todos esos casos, la policía, la fiscalía y los jueces, los tratan como si fueran “delitos menores”. Lo hacen para bajar las eventuales penas y para proteger a los jefes. De hecho, Carabineros argumenta ante la justicia que en Chile no se cometieron delitos de lesa humanidad.

En esas circunstancias, todos los pacos que están bajo investigación caerían en el cínico supuesto de los “delitos menores”: torturas, asesinatos, violencia sexual, etc.

Latorre lo sabe, y lo confiesa implícitamente.

Latorre indicó que “si eso genera paz social, reconciliación –que es el motivo humanitario de este proyecto de ley e insisto, una medida excepcional dado el momento constituyente que vive nuestro país– yo estoy abierto a esa discusión para que el proyecto siga avanzando en el Senado”.

El melifluo lenguaje encubre el verdadero propósito: convertir la exigencia de la liberación de los presos políticos, es decir, de la liberación de aquellos que están en calidad de rehenes por haber participado en la lucha popular, en una nueva auto-amnistía, como la del aborrecible decreto ley 2.191 de la dictadura.

Esa fue exactamente la premisa de la “justicia en la medida de lo posible” propugnada por Patricio Aylwin. Lo “posible” era lo que la auto-amnistía permitía.

Muerta la Concertación, aparecen los postulantes para reemplazarla, el “nuevo centro” en torno al Frente Amplio.

La diferencia es que, esta vez, no se van a salir con la suya.