Ni que se hubiesen puesto de acuerdo. Ante la amenaza de ser juzgados por delitos de lesa humanidad desde el 18 de octubre de 2019, los responsables del gobierno presentan la misma versión, calcada, idéntica. Nadie dio nunca ninguna orden para que los funcionarios policiales actuaran de la manera en que lo hicieron. Así lo sostienen Piñera y sus secuaces Rodrigo Ubilla, Felipe Guevara, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel. La jugada es evidente: tratan de zafar echándole la culpa a los pacos.
Un delito de lesa humanidad ocurre cuando se produce un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil y que es llevado a cabo por agentes del Estado bajo órdenes políticas, de manera que los actos que cometen queden impunes.
Lo complicado es probar el delito. No porque no haya evidencias y antecedentes, sino porque los mismos carabineros apoyan el relato de los políticos. Quieren salvarse también. Además, como todo es político, los que investigan dejan los crímenes en la impunidad. Por esa razón, si hubiese hoy un juicio contra Piñera y sus segundones, difícilmente podría darse en Chile; tendrían que ser tribunales externos que aborden la verdad de lo que sucedió.
Lo que dicen los responsables políticos es que los pacos se mandan solos. Nadie les dijo que tenían que reprimir manifestaciones, pacíficas o no. Carabineros actúa, porque así lo indica su normativa. Lo que hicieron los políticos, según las palabras de Rodrigo Ubilla, fue pedir “que la labor policial se cumpliera dentro de las reglas del uso de la fuerza”.
Pero nosotros sabemos a ciencia cierta que Carabineros no se manda solo. Son funcionarios públicos que dependen del Estado. Para realizar cualquier represión dependen de una anuencia política. Por ejemplo, en diciembre del 2019 coparon plaza Dignidad con cerca de mil funcionarios. Según el intendente, ahora delegado presidencial, Felipe Guevara, él se enteró de eso en una reuniones. Eso no es creíble. Movilizar a mil pacos, sin ninguna previsión, podría ser un golpe de Estado en contra del gobierno o motín. No lo fue, por cierto. Pero ningún gobierno ignora lo que hacen las fuerzas represivas. ¿Cómo podrían, si es ese mismo gobierno quien las dirige en contra de los manifestantes?
No sólo no es creíble lo que dice Guevara, también es mentira: el mismo se ufanó públicamente de su operación.
Un antecedente que muestra que la represión tuvo una dirección política, decidida en La Moneda, es el llamado del gobierno a los militares para que sumaran a la campaña en contra del pueblo. Los jefes de las Fuerzas Armadas no quisieron, por distintas razones, y exigieron que el gobierno se hiciera formalmente responsable de lo que sucediera y no el alto mando militar. Cuando finalmente salieron, lo hicieron en el marco del estado de excepción constitucional y con la garantía de que éste sería breve. La rebelión continuó, y cuando Piñera intentó nuevamente usar a las Fuerzas Armadas, éstas lo dejaron solo.
En sus declaraciones ante la fiscalía, Piñera negó todo. “Había antecedentes” de “probablemente la Unidad de Inteligencia del Ejército”, señaló, que daban «cuenta que habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hechos de violencia. Yo le pedí [al ministro de Defensa Alberto Espina] que esos antecedentes los pusiera en poder de la fiscalía. La única decisión que se adoptó en función de ese informe fue ponerlo a disposición del Ministerio Público. He aprendido a ser prudente con ese tipo de informes».
En otras palabras, el presidente de la República, notificado, por ejemplo, del ingreso de bombarderos extranjeros al espacio aéreo nacional, lo que haría es llamar a Dirección General de Aeronáutica Civil o, ante una invasión terrestre en Tierra del Fuego, se comunicaría con el SAG, para que no le pase nada a las ovejas.
En general, Piñera nada tiene que ver con la guerra. Así, cuando dijo que «estamos en guerra en contra de un enemigo poderoso», el gobernante explica hoy que «es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia. Suelo decir que estamos en guerra contra el Covid, contra el narcotráfico, contra la pobreza, procurando así identificar males que hay que combatir”.
Es decir, cuando hablo, digo puras sandeces.
No soy malo, soy tonto, señor fiscal. Una envidiable estrategia de defensa.
Lo que queda claro, es que se violaron los derechos humanos y hubo crímenes de lesa humanidad promovidos por el gobierno de Chile en contra de su pueblo. Eso significa que deben ser juzgados todos los que cometieron crímenes y abusos. En Carabineros deben caer todos, de “general a paje”; y en el gobierno, todos los mandos políticos que tuvieron que ver en la represión, además de las Fuerzas Armadas, PDI, Gendarmería y civiles que fueron parte de los crímenes.
No hay mentira que los salve de esa justicia.