La Contraloría General de la República emitió un dictamen en que plantea que las Fuerzas Armadas no pueden cuestionar o debatir las órdenes emanadas por la autoridad civil. Se refieren a varios casos que han ocurrido desde el 18 de octubre del 2019 en adelante.
Aún cuando las Fuerzas Armadas de Chile se consideran un poder más dentro del Estado, esto ha cambiado desde 1990 en adelante. Estados Unidos, que no quiere guerras entre sus gobiernos vasallos, implementó la profesionalización de las fuerzas armadas y, con ello, su reducción. Es así como en nuestro país no alcanzan a ochenta mil efectivos en un despliegue completo, incluidas las fuerzas de orden.
En cantidad, ya no pueden ser un poder dentro de una sociedad. Entonces, en las últimas décadas, han estrechado lazos con políticos y empresarios. Los convirtieron en “oficiales reservistas”, o sea simbólicos, para tener nexos para influir, hacer lobby, ser financiados cuando quieran saltar al Senado o para obtener lucrativas posiciones en el sector privado. Son una pequeña fuerza mercenaria estatal que puede inclinarse por cualquiera que le otorgue más. Los lazos con el pueblo son nulos.
El problema es que en algunos momentos, cuando ven que la debilidad política del régimen, han hecho declaraciones que muestran una insubordinación: dan cuenta de su defensa de un sector minoritario de la sociedad, de la cual ellos son partícipes. Viven en los mismos barrios, son vecinos, y parece que tienen los mismos malos hábitos de la clase alta. Han cuestionado que no se proteja la estatua de Manuel Baquedano, que un programa de televisión se burló de ellos, que los que se manifiestan son delincuentes. Esa insubordinación es avalada por el régimen, pues le sirve para amenazar al pueblo. Pero es un llamado para ser tomados en cuenta. Es una presión al gobierno. Y comúnmente les funciona.
El principal problema que tienen las Fuerzas Armadas, desde siempre, es que sólo son una amenaza real, si están respaldados por un poder político mayor, a veces una potencia externa, como ocurrió con el golpe de 1973. En ese caso, la insubordinación se convierte en traición.
Cuando eso no existe, sin embargo, como ahora, lo único que les queda es amagar y patalear.
Lo que hace la Contraloría es interesante, pues les dice, por favor, dejen de hacer pataletas. Podemos sancionar a quienes alegan demasiado. Es un recordatorio un poco cruel: ustedes son parte del poder político del régimen, pero no dejan de ser funcionarios públicos con estrellitas y hojas de laurel en el hombro.