La filtración de los datos de personas espiadas fue dada a conocer por un consorcio de medios periodísticos internacionales que accedió a un listado de 30 mil números telefónicos que forman parte de los registros de la empresa israelí NSO. Una parte de ellos pudo ser atribuido a sus usuarios reales, cuyos teléfonos móviles quedaron enteramente a la merced de una vigilancia total: llamadas, mensajes de texto, datos de geolocalización, registros audiovisuales… literalmente, todo lo que se puede hacer con un smartphone. El software empleado, incluso, permite activar la cámara y los micrófonos de móvil para usarlos como mecanismo de espionaje en tiempo real.

NSO es una compañía creada por ex operadores de la inteligencia israelí y declara que sólo ofrece sus servicios a entidades estatales -aprobadas, eso sí, por el gobierno israelí. Esta fórmula apenas encubre el control de los servicios de seguridad israelíes sobre la información recogida, pero apunta, sobre todo, a la acción de los organismos de inteligencia de más de 50 países.

Los antecedentes publicados muestran cómo en India el gobierno derechista fijó como blanco al jefe del opositor partido del Congreso, Rahul Ghandi. En Hungría, el régimen de Viktor Orban espió a periodistas críticos; en México, el PRI se lanzó en contra de Andrés Manuel López Obrador y los dirigentes de su partido, Morena; la autocracia de Arabia Saudita espió los pasos de la novia de Jamal Kashoggi, el opositor que fue asesinado y descuartizado en la embajada saudí en Turquía en 2018.

La investigación identificó que varios miembros de la familia real saudí, 65 altos ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos y funcionarios de gobierno fueron víctimas de la vigilancia electrónica, según el Washington Post.

Los manejos de NSO son conocidos desde hace años. La compañía ha tejido relaciones comerciales y de lobby con importantes figuras de la “comunidad de seguridad nacional” de los Estados Unidos, en particular, aquellas ligadas al Partido Demócrata. Varios de ellos cumplen ahora funciones oficiales en la Casa Blanca de Joe Biden. Su función, según se desprende de los datos recogidos, era asegurar millonarios contratos del aparato de seguridad yanqui y ejercer sus influencias para frenar investigaciones que buscan dilucidar la sospecha de que la infraestructura y el software de NSO se usaría también en contra de ciudadanos estadounidenses. Ahí, por lo visto, habría ciertos límites que no se podrían traspasar, a diferencia de todo el resto del mundo.

También en Chile, NSO tiene clientes. A fines del año pasado, se supo que la PDI contrató los servicios de Circles, una subsidiaria de la compañía israelí, que captura el tráfico de celulares, llamadas, mensajes de texto y datos de geolocalización. Esto se conoció, irónicamente, debido a las propias debilidades informáticas del software. Los clientes eran asignados seudónimos de modelos de auto. A la PDI, le tocó “Cadillac Polaris”.

Previamente, también se había filtrado la contratación de otro servicio de vigilancia electrónica, provisto por una empresa italiana aptamente llamada “Hacking-Team”. Los datos de los convenios fueron, a su vez, hackeados. Así se reveló que la Policía de Investigaciones pagó 2,3 millones de dólares para espiar a chilenos.

Estas tecnologías aprovechan vulnerabilidades en el tráfico de datos, mientras que el software de NSO, denominado Pegasus, ataca, mediante un código malicioso a los propios dispositivos. En los hechos, tiene exactamente las prestaciones que Carabineros aseguró -mintiendo, para variar- poseían las patéticas “aplicaciones” del llamado “profesor Smith”, que sirvieron de tapadera para el montaje de la operación Huracán. Allí todo fue mentira, todo fue inventado. Pero Carabineros hizo creer a la justicia que tenía acceso a una tecnología como la de NSO.

Es probable que los pacos no se hayan enterado de esas posibilidades técnicas estudiantes publicaciones especializadas o surfeando al internet. Simplemente, operadores de inteligencia de otros organismos del Estado deben haberles sacado pica con las herramientas de espionaje que ellos sí manejan. ¿Será la PDI la que usa Pegasus? ¿O, más bien, el Ejército? En cualquier caso, demuestra la capacidad de perseguir a una cantidad ilimitada de personas sin control alguno, y menos con una sanción legal o judicial.