Sin wi-fi, sin sonido, sin monitores, sin cables, sin alcohol gel. No había nada, excepto los guardias y el edificio. Así no se puede sesionar, sobre todo con las reglas impuestas por la autoridad sanitaria. Se verá si mañana en la tarde. Quizás…

La convención constitucional chocó de lleno con el “gobierno de excelencia” de Sebastián Piñera: siempre lo pueden hacer un poquito peor. La negligencia era tan evidente, que varios pensaron en un sabotaje deliberado: en un plan de ir ahogando a la convención en un cúmulo de cuestiones domésticas, secundarias y meramente simbólicas, hasta convertirla en irrelevante o ridícula a los ojos de la ciudadanía.

Si fuera así, reclamar es inútil, pues sólo reforzaría el propósito de los saboteadores. Quizás los constituyentes que se reclaman parte de las organizaciones sociales podrían hacer valer esa experiencia para asegurar que la voluntad popular no se vea condicionada por las tácticas de dilación, distracción y disgregación del gobierno y la derecha. Más de alguno, en su momento, coqueteó con una “asamblea constituyente ciudadana” o “autoconvocada”. Sería raro que todo eso hubiese caído en el olvido tan rápidamente.

El incidente, en sí mismo sólo anecdótico, refleja, como en cada momento, la encrucijada objetiva de la convención: debe definirse si quiere ser activamente una representación popular o un espectáculo accesorio del régimen.

No hay manera de escapar a ese dilema. La tabla, frustrada, de la sesión de este lunes lo demuestra. Los convencionales habían estado en reuniones todo el día, en el edificio del Palacio Pereira, que sí funciona, parece. Allí, habían estado acordando y negociando los próximos pasos. Entre ellos, la ampliación de la mesa directiva. Eso es importante para los distintos grupos, porque les permite tener acceso a los manejos de la convención. La dupla entre Elisa Loncón y Jaime Bassa sólo refleja una alianza novísima entre el Frente Amplio y el Partido Socialista. Además, se habló de unas presidencias rotativas, lo que es un poco más complicado, porque “el que tienen, mantiene”.

El otro punto era la situación de los presos políticos. Ya se había acordado un compromiso: se formularía una declaración a nombre de la convención, pidiendo que el Congreso acelere un proyecto de ley de indulto que actualmente se tramita en el Senado, la fiscalía revise sus imputaciones y exigencias de prisión preventiva, que el gobierno retire sus querellas, y los tribunales de justicia… pues, que actúen con algo de eso último.

Así quedarían casi todos contentos: los partidos del régimen evitarían que la convención toque los intereses de los otros poderes del Estado (y los propios). Sería un proyecto de resolución, algo no muy distinto de los que se votan en el Senado o la Cámara de Diputados por decenas cada mes. Y los que sostienen la tesis de que la liberación de los presos es una condición para el desarrollo del proceso constituyente, también pueden sentirse satisfechos, en la medida que “el tema queda instalado” y, quizás, la declaración de la convención sirva de presión al gobierno o a los partidos en el Congreso.

Lo único malo de este arreglo es que se olvida que la demanda de la liberación de los presos es la consecuencia del levantamiento popular del 18 de octubre de 2019. Es el resultado del protagonismo popular, del poder del pueblo, que pesa sobre el régimen, y le cierra sistemáticamente todas las salidas.

Seamos claros: sólo la minoría de la convención quiere realmente que no haya presos políticos. Pero muchos que, en su fuero interno, los consideran violentistas o saqueadores o, simplemente, pobres, cuya suerte no les atañe, igual se suman a esa exigencia.

¿Por qué? ¿Por qué los convencionales del PS (perdón, “Colectivo Socialista”), que incluyen a un ex fiscal notorio por encarcelar y perseguir a mapuches, que había pedido 102 años de cárcel para uno de los dirigentes de la CAM, por qué habrían de preocuparse de los presos políticos? ¿Por qué los constituyentes del Frente Amplio, que apoyó las leyes represivas de Piñera, en medio de la revuelta y que tenían como fin producir más presos políticos, por qué se suman a esa demanda?

Lo hacen, porque saben que el pueblo tiene poder.

Eso es lo que realmente condiciona a la convención constitucional y a todo el régimen político, no si los constituyentes pueden conectarse al zoom o no.

El conflicto de poderes ya está lanzado, quiéranlo o no. Es entre el pueblo y el régimen. El conflicto entre la convención y los otros poderes, es sólo una expresión externa de esa pugna.

Por eso, el gobierno declaró que “en Chile no existen presos políticos” y que la “convención no puede inmiscuirse” en los poderes del Estado. Lo mismo sostuvo la presidenta del Senado, Yasna Provoste, que exigió “respeto por el resto de las instituciones que forman parte de la institucionalidad democrática”. Y eso que ella es una de las patrocinantes del proyecto de ley de indulto general que la proyectada resolución pretende acelerar.

Mientras, la derecha no quiere nada de nada. Ni siquiera la expectativa de tener un vicepresidente con una posible ampliación de la mesa, la mueve. Dice que cambiar la composición de la directiva de la convención sería “inconstitucional”. Pero ¿qué van a hacer para impedirlo? ¿Llamar al 133? Hasta ahora, todo indica que esperan el momento para denunciar a la convención ante la Corte Suprema por violación, aunque suene absurdo, a la Constitución del ’80. Es decir, quieren que estalle la crisis.

Lo importante aquí es distinguir quién, en verdad, lleva la batuta: el pueblo o… los otros.

La liberación de los presos es una demanda nacional, no de los constituyentes o los diputados. Es parte de las demandas urgentes del pueblo: trabajo, salud, vivienda, educación, fin al régimen corrupto. Es parte de la necesidad de cambiarlo todo. Y parece que la hora de recordarlo con hechos, con organización, con lucha, ya llegó.