La petición de sobreseimiento buscaba detener la investigación por crímenes de lesa humanidad iniciada por una querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

El abogado de Piñera, Samuel Donoso, ex dirigente del PPD y representante de clientes como Michelle Bachelet o Ponce Lerou en distintas causas judiciales, argumentó que la investigación debía cerrarse porque “no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

La fiscalía y los querellantes se opusieron, esgrimiendo los tratados internacionales suscritos por Chile, que obligan a investigar los hechos, y señalando que aún quedan diligencias pendientes.

La jueza les dio la razón y rechazó la solicitud de Piñera, Yáñez, además de Rodrigo Delgado, ministro del Interior, y Francisco Galli, subsecretario.  

La argumentación jurídica, quizás, encubra el hecho fundamental: en Chile sí hay violaciones en los derechos humanos, esas son sistemáticas, persiguen fines precisos y se perpetran de manera organizada. Y, evidentemente, hay “diligencias pendientes”, pero porque esos crímenes siguen cometiéndose hasta hoy.

En un juicio, Piñera y sus abogados corruptos podrán hacer sus descargos. Gozará, como debe ser, de la presunción de la inocencia: el peso de la prueba estará en acusación, no en él.

Pero vaya que pesan las pruebas en su contra.