La pregunta que se hará a los mexicanos es: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El referéndum para enjuiciar los expresidentes por actos de corrupción y otros delitos se realizará este próximo 1 de agosto. Aunque Obrador se eximirá de votar, adelantó su postura.

“Yo de manera pública sostuve que no iba a participar [en la consulta ciudadana] y que además consideraba que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final solo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y que hacia adelante como ha venido sucediendo no se permita la impunidad ni la corrupción“

La ciudadanía se pronunciará si quiere llevar a juicio a los ex mandatarios Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Entre los argumentos que el mandatario ha expuesto para hacerle esta consulta al pueblo mexicano es que desde 1988 a 2018 en México se vivió un proceso de “concentración desmesurada de riqueza, quebrantos monumentales del erario público, privatización de los bienes públicos y corrupción generalizada”. Todos estos hechos, por supuesto contaron con la connivencia de la clase política y de las instituciones del Estado.

Además, en estas décadas de gobiernos neoliberales, se realizaron “procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma, y el quebrantamiento del Estado de Derecho”.

Argumentos no faltan para juzgar a los ex mandatarios, bien lo sabe el pueblo mexicano que ha debido soportar décadas de corrupción y violencia sin límites. Baste recordar las masacres con directa responsabilidad del Estado y la actuación del ejército en Aguas Blancas en 1995, en Tlatlaya y Ayotzinapa en 2014 y un sin fin de masacres realizadas por paramilitares en connivencia con el narco en las que el Estado no ha juzgado ni castigado los crímenes y que tiene a México con la escalofriante cifra de 80 mil desaparecidos en la última década.

Para que la voluntad del pueblo sea vinculante, es decir, efectivamente puedan ser llevados a juicio los ex presidentes de México,  debe votar al menos el 40% del padrón electoral.

No resulta improbable que los mexicanos den un rotundo SI a la posibilidad de juicio.  Habrá que ver que sucede luego. No es de esperar que la corrupta justicia del régimen mexicano eche a andar un proceso de castigo a los responsables de la corrupción, de las violaciones a los derechos humanos y la expoliación de las riquezas públicas de la nación.