En un fallo unánime la Corte Suprema confirmó la condena por el delito de secuestro y  desaparición de José Vicente Toloza Vásquez, Guillermo Gálvez Rivadeneira, Guillermo Albino Martínez Quijón, Hugo Ernesto Vivanco Vega, Alicia Herrera Benítez, Óscar Orlando Ramos Garrido, Óscar Arturo Ramos Vivanco y Nicolás Hugo Vivanco Herrera, ocurridas entre julio y agosto de 1976 desde el centro de tortura,  Villa Grimaldi y del Cuartel Simón Bolívar.  

Fueron condenados los agentes de la Dina, Juan Morales Salgado, Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo y Ricardo Lawrence Mires por el delito imprescriptible de secuestro calificado.

“Las consecuencias de estas detenciones son que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares; tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción”, se señala.

Con este fallo, la Corte Suprema descartó “un error de derecho” que desestimaba la medida de prescripción.  “La calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción como de la llamada media prescripción en esta clase de delitos”, consigna el fallo.

La resolución condena a los represores a 20 años de presidio y al Estado de Chile a pagar a las familias de los trabajadores desaparecidos, 600 millones de pesos por concepto de daño moral.

Los detenidos-desaparecidos eran militantes del Partido Comunista y estaban vinculados a la actividad tipográfica – obreros, dirigentes sindicales, estudiantiles, linotipistas, fotograbadores-  que fueron detenidos entre el 15 de julio al 10 de agosto de 1976, sin saberse hasta el día de hoy, su paradero.