En la cumbre celebrada en el Reino Unido, los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido) han delineado cuáles son sus directrices para el futuro. Lo que harán es contrarrestar y competir con China, en áreas como los derechos humanos hasta la tecnología.

Este grupo de países representa casi el 60% de la riqueza en el mundo. Representan también, todo lo que se tiene que eliminar en el mundo, pues estos países replican al interior de sus fronteras la misma desigualdad y explotación que fuera de ellas. Un grupo con dinero impone las medidas sociales, políticas, sanitarias, militares, culturales y económicas que deben regir los destinos del mundo. Para eso, apelan, en el discurso, a la democracia, la libertad y los derechos humanos. Pero entre ellos, no son una democracia, sino un grupo de oligarcas que se juntan para ver cómo tienen que entenderse esos elevados conceptos y cómo su respeto les beneficia o cuándo sus intereses dictan que deben ser eludidos o violados.

Un portavoz de China planteó que “los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países han quedado atrás”. Lo que aduce China es plausible. Las condiciones en que se creó el G7 fueron las de una monumental crisis económica: lo que se conoció como el shock petrolero de los años ’70. Ahora, sesionan ante las vistas de los acantilados de Cornualles y bajo la sombra de una crisis que no es sólo económica, sino general, es decir, que mina su capacidad de dirigir los destinos del mundo.

Por eso, los conflictos entre los mandatarios y las naciones reunidos en la cumbre son más profundos que las coincidencias expresadas en los comunicados oficiales.

Y, sobre todo, el discurso de la democracia y la libertad, se plantea hoy de otra manera: o son verdaderas, las de las mayorías los trabajadores o son la impostura de unos pocos ricos.