Hoy, el Tribunal Superior de Bogotá “abrió un incidente” de desacato contra el Ministerio de Defensa, la Policía y la Alcaldía de Bogotá, luego de que dos mujeres, Yuliana Judith Anaya Doria y Alba Luz Ruiz Ríos, presentaran una acción judicial porque no se estaría cumpliendo un fallo emitido en septiembre de 2020 que ordena frenar el abuso policial en las protestas.

El fallo de 2020 consideró que “la Esmad no es capaz de cuestionar la protesta social sin vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos”. Un balde de agua fría para Duque en ese entonces, y hoy, cuando se exige como condición para negociar, el inmediato retiro de las calles de ese cuerpo represivo de la policía, que desde su aparición en 1999 lleva a su haber incontables hechos de violencia contra la población.

El Esmad, cuyo propósito es la de ser un escuadrón anti disturbios tiene una formación antisubersiva y ha actuado mayormente en la zona del Valle de Cauca, territorio con fuerte presencia indígena y guerrillera. Las cifras oficiales, respecto de su actuación desde 1999 a 2015, indican que se han realizado unos 40 mil procesos disciplinarios en contra de los miembros del escuadrón móvil, con el nefasto resultado de tan sólo 18 condenas.

Los Esmad están equipados con lanzadores de proyectiles múltiples que pueden disparar balas de salva, gases lacrimógenos, aturdidores y bolas paintball. Demás está decir que no hemos visto muchas de estas balitas de pintura en las manifestaciones colombianas, pero sí hartas de las otras, las de plomo.

El uso indiscriminado de este equipamiento de guerra contra la población motivó a Amnistía Internacional a solicitar hoy a Estados Unidos que detenga el envío de armas a Colombia. El fallo de 2020 que ordena al Estado el respeto a la protesta social es letra muerta. Las cifras de muertos, torturados, lesiones oculares, de abusos sexuales, desapariciones, escalan día a día. El descaro es tal, que hoy desde el gobierno han relativizado las cifras de muertos, diciendo que son 18 y no 50, como documentan las organizaciones de derechos humanos.

“El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante”, señaló en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.

La organización le pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que el gobierno de Joe Biden “cese de inmediato el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo” que ha sido utilizado para reprimir las protestas.

Como botón de muestra de la brutalidad policial, el pasado 12 de mayo el Esmad utilizó un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad desde el suelo y en forma horizontal para reprimir a los manifestantes en Popayán en Cauca, localidad donde una muchacha se suicidó tras el abuso sexual de parte de cuatro policías lo que derivó en un levantamiento popular que se cobró con el incendio del cuartel policial.

Por su parte, el Comité Nacional del Paro anunció este pasado 18 de mayo que presentará una moción de censura contra el Ministro de Defensa, Diego Molano, exigiendo su renuncia debido a los “excesos” de la fuerza pública.

“Convóquese a sesión plenaria el día martes 25 de mayo, a partir de las 14:00 hora local (19:00 GMT), con el propósito de escuchar al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Diego Molano Aponte, para que en esta sesión exponga los hechos que originaron la presente solicitud de moción de censura”, señala el acta de citación de la cámara.

Si, no nos engañamos!  A la hora de los qu’ hubo, aunque se abran flancos a favor del pueblo, solo el pueblo defenderá al pueblo. El pueblo tiene la capacidad, el pueblo tiene la fuerza y la decisión. Así como nuestros enemigos de clase no dudan, tampoco nosotros dudaremos.

Cada día tiene su afán.