Que no la vio venir Sergio Muñoz Gajardo, ministro de la Corte Suprema, no la vio, nomás.

Pero el juez, descrito invariablemente por la prensa como “poderoso” e “influyente”, debió haber sospechado algo. Por ejemplo, cuando le dieron vuelta una sentencia ya dictada en contra de una inmobiliaria porque su hija había hecho negocios con esa empresa.

Eso ya fue bastante raro. Todos los supremos tienen familia, primos, amigos, compadres, socios, padrinos y protegidos. Y todos compran, venden, contratan, mueven; hacen negocios, pues. Y ningún ministro se inhabilita sólo porque su parentela pudiera tener interés en una causa. Esos son detalles que no importan en el máximo tribunal.

Entonces, cuando le sacaron a Muñoz ese asunto de los departamentos de su hija a Muñoz, debió haberse puesto en alerta.

Pero no.

Por otra parte ¿quién se habría imaginado que alguien tomaría eso para presentar una acusación constitucional en contra de Muñoz? Si ni siquiera había beneficiado a su hija con su decisión.

Bueno, ahí es donde se equivocó el juez.

Porque exactamente eso hizo la derecha cuando explotaron las revelaciones de los nexos entre el gobierno de Piñera y los ministros Jean-Pierre Matus y Ángela Vivanco, con la mediación del ya inefable Luis Hermosilla.

En un primer momento, pareció que se trataba sólo de una maniobra para morigerar el impacto, para desviar la atención o, como dicen los políticos, “empatar”.

Pero pronto se vio que había algo más detrás. La derecha presentó las acusaciones en contra de Vivanco y Muñoz en un sólo libelo en la Cámara de Diputados, como si se tratara de los mismos hechos. Había anunciado su propósito durante el largo feriado de Fiestas Patrias.

No se trató, entonces, de una sorpresa.

Pero no era difícil neutralizar esa maniobra tan tosca.

Hubiese bastado que el oficialismo ingresara su acusación, dirigida sólo contra Vivanco, antes que el engendro de la derecha. El lunes después del feriado, tocaron las nueve de la mañana, las diez, las once… y ninguna de las partes se había siquiera acercado a la secretaría de la Cámara de Diputados.

Curioso.  

Pasó la hora de almuerzo, que es sagrada, y también la de la sobremesa. Ya se estaba acercando la hora en que se cerraba la secretaría, las cuatro de la tarde. Y, entonces, unos 20 minutos antes, apareció, finalmente, la delegación facha con su acusación.

Habían esperado, pacientemente, todo el día para ejecutar su supuesta avivada.

Y, aún así, les ganaron a los diputados de gobierno que llegaron ya pasada la hora de término.

Raro ¿no?

Es como si… pero no, nadie haría eso ¿verdad?

Porque ocurre que la Cámara de Diputadas y Diputados es encabezada por una mujer que no es cualquier parlamentaria, sino una las principales dirigentes del oficialismo.

Una mujer de carácter. Antigua presidenta, designada, eso sí, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, vieja secretaria general de las jota-jota-ce-ce, miembro de la comisión política y del comité central del Partido Comunista de Chile.

Karol Cariola, la presidenta de la cámara, no permitiría que prosperara un procedimiento tan dudoso y manifiestamente interesado.

¿Cierto?

Pero no.

Cariola se convirtió en la principal defensora de la acusación conjunta en contra de Vivanco y Muñoz. Adujo que el secretario de la cámara había dicho que eso se podía hacer y mandó a confeccionar un “informe en derecho” que respalda el insólito método. Y llegado el momento, pese a los reclamos de los diputados de su propio partido, Cariola votó a favor de la acusación en contra de Muñoz (y Vivanco).

Extraño.

Y en el intertanto pasaron otras cosas raras.

El Senado nombró tres cargos nuevos a la Corte Suprema, dos ministras y el fiscal. Esas designaciones habían estado en espera por más de un año y, ahora, en medio de la batahola, del escándalo, de la crisis, de los cuestionamientos… ¡zas! el gobierno presentó su propuesta, que fue armónicamente aprobada. La nueva ministra Mireya López se ha caracterizado por sus decisiones favorables a los represores de la dictadura, mientras que su colega Jessica González es una promotora del enfoque de género. Se entiende de dónde viene la armonía.

Aprovechando el envión, el presidente Boric nominó a la favorita de la derecha, Dorothy Pérez, como su carta para dirigir a la Contraloría. El anterior contralor había intentado destituir a Pérez, debido a sus nexos con Carabineros y su falta de interés de investigar los robos del Paco-Gate.

Y, además, la cámara baja rechazó, con varios votos del propio oficialismo, la acusación constitucional en contra de Jean-Pierre Matus. Se suponía que todos estaban de acuerdo en que Matus debía ser destituido. Pero a la hora de la verdad, las cosas cambiaron.

En ese momento, Sergio Muñoz ya sabía lo que le esperaba.

Le iban a cobrar las cuentas pendientes.

Muñoz, que llegó a la Suprema de la mano de Guido Girardi y la Concertación, se había hecho un nombre en la tercera sala, que ve asuntos constitucionales, especialmente recursos de protección. Su fallo más importante es uno de las más reciente: el que obligó a las isapres a devolver parte de lo que se habían robado a sus afiliados; una sentencia que firmó -ironías de la vida- con su ahora ex colega Ángela Vivanco.

Previamente, como ministro de la Corte de Apelaciones había condenado a los asesinos de Tucapel Jiménez, había intentado desentrañar las platas de Pinochet, y había sido ministro en visita en el caso Spiniak, que involucraba a altos dirigentes de la UDI en abusos sexuales en contra de niños. Esa causa terminó súbitamente cuando la joven que había denunciado los hechos inesperadamente se retractó de todo lo declarado. Posteriormente, se informó que ella, que había sido criada en el Sename, se había ido a vivir a una finca en Paraguay, comprada con dinero de “amigos”.

No fue raro, entonces, que con 27 votos contra 21, el Senado destituyera al juez.

La derecha cobró y el gobierno lo vendió.

Las quejas de los parlamentarios oficialistas por el castigo a Muñoz no logran tapar el arreglo entre el gobierno y el pinochetismo. Llamarlo un “trato secreto” sería una ofensa a esa última palabra. Los lamentos por la salida de Muñoz son, en el mejor de los casos naïf; pero podemos suponer que, lo más seguro, son las acostumbradas efusiones de cinismo.

Pero ¿en qué consiste ese acuerdo?

Lo primero es netamente político. El gobierno quiere darle garantías a la UDI, especialmente, de que a pesar de su colapso interno no la dejará caer. Se trata de una prenda de impunidad ante el peligro de que el llamado caso Hermosilla termine siendo lo que, en los hechos, es: el caso Chadwick Piñera; el énfasis, por supuesto, está en el -hoy fantasmal- segundo nombre.

Y lo segundo, tiene que ver con el propio Poder Judicial. Nosotros ya habíamos dicho que ese es el foco más activo del incendio atizado por las revelaciones de los mensajes de Hermosilla y del ministro Juan Poblete.

Por lo pronto, si se quiere impunidad, hay que poblar las cortes con jueces alineados con el gran acuerdo sellado, en su momento, entre Boric y Piñera.

Pero, además, los partidos del régimen temen que, debido a su crisis, se vean desplazados por otros componentes del Estado. Sergio Muñoz, coincidentemente, dirigía uno de los sectores de la Suprema que podría haber impulsado esa orientación.

Qué bueno, entonces, que ya no esté a la cabeza de ese grupo, ahora golpeado y aislado.

A cambio, tendremos pronto dos nuevos nombramientos “armónicos”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, ya anticipó que su anunciada reforma de los nombramientos de los jueces no se va a aplicar para estas designaciones.

Claro que no. No tendría gracia de otro modo.

Y tampoco tendría gracia que se elimine al Senado en los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema. No pues, señores. Eso sí que no. Se trata de un proyecto destinado al cajón.

La justicia en Chile seguirá siendo corrupta y reaccionaria, pero ahora paritaria.