Hubo varias horas, por lo menos, en que Luis Hermosilla pudo contemplar el siguiente dilema: ¿debía borrar el contenido de su celular, “perder” o destruir el aparato o, al revés, entregarlo, con todos sus datos, a la fiscalía?

Lo primero le habría valido escarnio, burlas y sospechas.

Es cosa de imaginárselo: “lo extravié, señor fiscal, no se cómo”; “se me cayó al Mapocho, en una maniobra imprudente”; “eliminé los datos para proteger el secreto profesional que ampara a mis clientes”.

La segunda opción -entregar todo… o casi todo- implicaba las mismas consecuencias. Escarnio, burlas y sospechas.

Pero, además, habría un efecto adicional. Se conocerían muchas más tratativas comprometedoras, que se sumarían a la grabación que había hecho su colaboradora, Leonarda Villalobos, en que se dibujaba el esquema de estafas financieras y coimas en el que estaba involucrado.

Es muy decidor que Hermosilla haya optado por esa, la segunda opción.

La investigación en su contra, por lavado de activos, emisión de facturas falsas y soborno, demuestra que su cálculo, probablemente, haya sido el acertado.

Paradójicamente, al mostrar todas sus cartas, logra la máxima protección posible. Les comunica a todos los actores relevantes que él está demasiado metido en todo, igual que ellos.

En la audiencia de formalización, los fiscales no ahorraron en la burla y el escarnio, al reproducir, como evidencia de sus imputaciones en contra de Hermosilla, “sabrosas” interacciones que se acercan peligrosamente al sol, sólo para retroceder en el último momento.

Así, nos enteramos de que Hermosilla y su amigo Daniel Sauer, de Factop, se pasaban los billetes, en cash, de un lado a otro y les llamaban “zapatos”, como los narcos de la pobla. “No me mandes más zapatos, que ya no caben en el clóset”, escribió el licenciado.  Ja, ja.

También supimos que la defensa de Andrés Chadwick ante la acusación constitucional en su contra fue financiada con las estafas de Factop, incluyendo jugosos honorarios a un actual ministro de la Corte Suprema y a un conocido jurista alemán.

Hermosilla y sus socios, los hermanos Jalaff, dueños del grupo Patio, organizaron una comida con Piñera, en que Álvaro Jalaff quería ver la posibilidad de “trabajar juntos” con el entonces jefe de estado.

El nombramiento de Sebastián Sichel como presidente del Banco del Estado no era “bueno”, sino “demasiado bueno”, para la pareja de estafadores.

Hay un patrón en estas revelaciones.  

Los demás cómplices, co-autores e “implicados” ya están todos muertos, como en las confesiones de los mafiosos.

En este caso, esa expresión debe tomarse como metafórica, incluso con respecto a Piñera.

Sebastián Sichel pasó de peón de Piñera, para cerrarle el paso a Lavín en las presidenciales de 2021, a su condición actual de postulante a la alcaldía de Ñuñoa. A nadie nunca le ha interesado su suerte.

El ministro de la Suprema Jean Pierre Matus, en tanto, ya está metido, y hasta las masas, en la pelea interna del máximo tribunal. Los chats con Hermosilla no cambian nada.  

Piñera, lo dijimos, ya no existe, pero el hecho de que un perro chico como Jalaff hubiese querido obtener el acceso a él, no afecta los muy vivos negocios de sus herederos.

Y Andrés Chadwick… hace tiempo optó por operar desde las sombras o, más bien, penumbras, sin que nadie le diga nada.

La apertura de las cuentas bancarias de Hermosilla muestra pagos dirigidos a Chadwick de un total de 227 millones de pesos desde marzo de 2020 hasta octubre de 2021, como reveló Ciper, basándose en la carpeta investigativa. La fiscalía, sin embargo, y a diferencia de otros giros, no vio nada sospechoso en ello. Son “servicios profesionales”, nada más.

Esa no es la única inconsistencia. Todo el diseño de la investigación está hecho para evitar desbordes. La estafa de Factop se indaga en un proceso distinto, que ya llevó a los hermanos Sauer y a su ex socio Rodrigo Topelberg a la Capitán Yáber. Los tratos sucios entre Hermosilla con el jefe de la PDI, Sergio Muñoz, lo mismo.

Todo separado.

Eso se llama minimizar el riesgo.

Porque lo que está en juego ahora, son sólo los negocios personales de Hermosilla, no los de sus mandantes.

Es cosa de preguntarse ¿no se encontró nada en el teléfono de Hermosilla sobre el nombramiento del fiscal nacional Ángel Valencia, un hombre manejado por Chadwick y, en su momento, Piñera? ¿Ningún comentario sobre cómo se deshizo el pacto entre el presidente Boric y el malhadado jefe de la UDI Javier Macaya para nombrar en ese cargo al súper-corrupto y mega-incompetente José Morales? ¿Ni un rastro sobre cómo se articuló un nuevo acuerdo, esta vez entre Boric y Piñera, para elevar, en su reemplazo, a Valencia y a cambio de qué? ¿No? ¿Nada?

¿No hay tampoco ningún intercambio sobre las negociaciones entre Hermosilla y el principal asesor presidencial, Miguel Crispi, para detener las investigaciones en contra de Piñera por los crímenes cometidos durante el levantamiento popular de 2019? Tratativas, evidentemente, acometidas por encargo de los respectivos jefes. ¿Nada? ¿Seguro?

Y en general ¿no hay nada que no conozcamos ya, al menos en su contorno general? ¿El único delito de Hermosilla es sólo aquel que él mismo, involuntaria e irreversiblemente, ya confesó?

¿En todo lo demás cumplió con la ley? ¿Sí?

En cambio, tenemos a las polacas y argentinas en el yate, la fanfarronería de un hombre que, al final, sólo era para los mandados.

Se trata de un procedimiento análogo a lo ocurrido hace una década, cuando la confesión póstuma y una estafa tributaria menor, dejó al descubierto de cómo el grupo Penta manejaba a la UDI. Pronto, los principales grupos económicos del país decidieron aplicar el mismo método de Hermosilla y su teléfono. Entregaron, voluntariamente, toda la información sobre las coimas que pagaban a todos los diputados, senadores, ministros, subsecretarios, etc. A todos.

Soquimich, la empresa favorecida por el actual gobierno con el negocio del litio, hizo su confesión ante las autoridades estadounidenses, a cambio de zafar con una multa, algo salada, pero bueno…. Los otros grupos hicieron, con sanciones más módicas, lo mismo en Chile, ante el Servicio de Impuestos Internos.

Y todos los partidos del régimen, desde la UDI hasta el PC, acordaron enterrar el asunto. Lo hicieron, por cierto, en público, en un “gran acuerdo”, que prefiguró el que cerrarían un par de años después, el 15 de noviembre de 2019 que nos ha dado “la paz” de la que actualmente gozamos.  

La opinión pública se queda con el morbo de las revelaciones, la confirmación patente de la naturaleza corrupta de la política y sus entornos. El régimen, en cambio, se queda con la impunidad y el poder, a los que se aferran, cada día, con más desesperación.