El desembarco de Etcheberry en Impuestos Internos fue una de esas maniobras largamente preparadas. Primero fue nombrado, en secreto, a un cargo directivo de segunda línea, subdirector de Asuntos Corporativos. Dos días después, se anuncia la salida del director del servicio, Hernán Frigolett, y la asunción de Etcheberry como director interino.  

Con ese truco administrativo, Etcheberry pudo asumir inmediatamente, y sin dar grandes explicaciones. Más bien, ninguna. Para que no doliera tanto, el defenestrado Frigolett fue enviado lejos, a París, como representante ante la OCDE.

Tanta perfección en el procedimiento es rara en este gobierno, para no decir sospechosa.

Etcheberry ya había sido director del SII durante la década los ’90. Después fue nombrado ministros de Obras Públicas durante el gobierno de Ricardo Lagos, es decir, el período en que se ejecutó la política de concesiones fraguada con las coimas de empresas transnacionales a funcionarios del MOP y a otros miembros del gobierno, los llamados sobresueldos. Posteriormente, Etcheberry fue uno de los principales gestores del desastroso y corrupto diseño del Transantiago.

Luego de su paso por el Estado se dedicó a asesorar a grandes conglomerados económicos. Además, de algún lado se hizo de un capital suficiente para crear una empresa que compitió -nada menos- con Transbank en el negocio del pago con tarjetas electrónicas.

Y hasta hace algunos días, actuaba como directivo del holding financiero Credicorp, perteneciente al grupo económico peruano Romero, con intereses en la banca, puertos, pesca industrial y la industria de la alimentación. En el ámbito portuario, una de sus filiales explota el puerto de Matarani, una de las terminales de la industria minera peruana, en conjunto con SAAM, del grupo Luksic.

El gerente de esa última compañía, entre paréntesis, es el hijo de uno de los sucesores de Etcheberry en el MOP, Sergio Bitar, dirigente histórico del PPD, que desde 1994 hasta 2010, controló ese ministerio, incluyendo, por cierto, a Etcheberry y al propio Ricardo Lagos.

Sin embargo, las conexiones de Etcheberry exceden a la antigua Concertación. Es uno de los creadores del grupo político “Amarillos”. Está casado con la viuda del fanático operador de la dictadura Miguel Kast, conocido como “el Santo” entre sus seguidores. Ese vínculo convierte a Etcheberry en padrastro del actual senador de Evópoli Felipe Kast y en pariente político de José Antonio Kast.

¿Por qué una persona que, debido a sus múltiples actividades financieras y conflictos de interés, parece inadecuada para dirigir el Servicio de Impuestos Internos, fue nombrada tan fulminantemente en ese cargo?

La clave está, justamente, en la trayectoria de Etcheberry. Él fue quien impidió que el descubrimiento de las coimas del caso MOP-Gate frustrara el gran plan de las  concesiones de infraestructura, que significó un fabuloso traspaso de recursos desde el Estado a empresas extranjeras, principalmente, consorcios españoles, que se habían adjudicado las licitaciones elaboradas por funcionarios y supervisada por ministros pagados por esas mismas compañías.

El escándalo terminó en una breve estadía en la cárcel de algunos de los implicados, un acuerdo político de impunidad sellado entre Concertación y la UDI de Pablo Longueira y, un detalle exquisito, una resolución del Servicio de Impuestos Internos que declaró las coimas recibidas por todos los ministros del gobierno de Lagos y otros funcionarios como “no imponibles”, es decir, libre de impuestos.

Esos pagos corruptos se conocieron en su época como “sobresueldos”, en otro fino giro del lenguaje: no sólo se sumaban a los sueldos legales de los ministros, sino que, literalmente eran entregadas, mes por mes, en un… sobre que contenía el dinero en efectivo.

El nombramiento de Etcheverry coincide con una curiosa -y breve- polémica pública. A propósito de un proyecto de ley que aumentaría las facultades de Impuestos Internos para levantar el secreto bancario, la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei, declaró que esa medida serviría para orquestar una “persecución política” en contra de políticos de derecha.

Matthei no explicó qué transacciones podrían constituirse en la base de persecución. Lo único que dijo fue que el director de Impuestos Internos es “un cargo político”, nombrado por el presidente.

Sin embargo, muy rápidamente, la alcaldesa fue llamada al silencio y la derecha cambió su argumentación en contra del levantamiento del secreto bancario a una disquisición más abstracta sobre la protección del derecho a la privacidad.

Inmediatamente después de ese giro, se hizo pública la operación del nombramiento de Etcheberry al frente del SII.

Todas estas maniobras, además, coinciden con las versiones de que en las comunicaciones capturadas en el teléfono del abogado de la UDI Luis Hermosilla se encontrarían las pistas sobre funcionarios comprados del SII, como él mismo se jactó en la famosa reunión con el financista Sauer.

Las “investigaciones” internas en el SII, ordenadas por el destituido Frigolett quedaron en absolutamente nada, al igual que los sumarios en la Comisión de Mercados Financieros. No obstante, Frigolett dispuso el traslado del jefe de la dirección de grandes contribuyentes, es decir, aquella sección del servicio que se ocupa de la tributación de los, pues, grandes grupos económicos.

No es raro, en este contexto, que se haya optado por poner a un probado “limpiador” a cargo del SII, para hacer desaparecer, debajo de alguna alfombra, toda la basura allí acumulada.