Lo intentaron una y otra vez. Los altos mandos involucrados en el “Milicogate” sabían que su impunidad pasaba por sacar del medio a la jueza de la Corte Marcial Romy Rutherford, que se había mostrado inflexible en investigar sus robos. Ahora lo lograron. Deben estar celebrando, los sinvergüenzas.
La Corte Suprema rechazó un recurso del Consejo de Defensa del Estado que prorrogaba la actuación de la jueza Rutherford en las causas de corrupción en contra de los altos mandos del Ejército. La magistrada ha dictado hasta el momento el procesamiento de 68 militares, entre ellos todos los ex comandantes en jefe del Ejército vivos, los generales Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.
La actuación de Rutherford como ministra instructora de las 40 aristas de fraude en el Ejército ya había sido extendida en dos ocasiones, pese a los reclamos de los defensores de los inculpados, que buscaban su reemplazo.
En su solicitud, el Consejo de Defensa del Estado había argumentado que la salida de Rutherford afectaría progreso de la investigación. “Sólo entre el 1 de enero y el 18 de agosto la ministra ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción. En este punto es importante destacar que a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega”, indicó el organismo.
Sin embargo, el pleno de la Corte Suprema decidió, por 11 votos contra 7, el reemplazo de la jueza.
Para los ladrones, un respiro.