La explicación de los expertos: la fragilidad económica de las mujeres migrantes presas de bandas organizadas dedicadas a su tráfico y explotación sexual. Nada dicen sobre el papel de policías, fiscales y jueces que hacen posible la existencia de este lucrativo negocio esclavista.

“Sabemos que en el caso de las extranjeras que ingresan de manera irregular al país, la situación de vulnerabilidad se incrementa y es por eso que, desde que se inició el gobierno, hemos puesto atención a estos casos y nos encontramos en permanente coordinación con el Ministerio del Interior, que coordina la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas”, se limitó a señalar la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.