El intento de sellar su estrategia de elecciones anticipadas fracasó en el Congreso, en medio de intrigas y desavenencias de los partidos. En las calles, mientras tanto, la lucha del pueblo no ceja. La represión se cobró un nuevo muerto; esta vez, en Lima.
“Se suspende la sesión. No jodan”. El presidente del Congreso peruano se mostró poco parlamentario luego de enfrentar una nueva debacle política.
En las calles rezumbaban las bombas lacrimógenas y los gritos de que se vayan todos. Pero allí existe perfecta claridad de quién es quién: represores y delincuentes que defienden un régimen caduco, por un lado, y un pueblo que quiere derrocarlo, por el otro.
En el hemiciclo legislativo, sin embargo, todo es caos, desorden y confusión.
El pleno del Congreso rechazó la propuesta de adelantar las elecciones a octubre de 2023, en vez de abril de 2024. Esa era la concesión con la que el gobierno golpista esperaba comprar un año para ahogar la rebelión popular y sellar algún tipo de pacto político. Era también el camino por el que abogaba Washington.
Pero los representantes del régimen son como los escorpiones: no lo pueden evitar. De los 87 requeridos, sólo 45 estuvieron a favor de la propuesta. En una noche, se había caído una complicada maniobra legal.
Como se trata de una reforma constitucional, el proyecto de adelanto de las elecciones debía cumplir con un quórum de dos tercios, pero no una vez, sino en dos legislaturas. Para lograr ese fin, después de largas negociaciones, los congresistas ya habían aprobado adelantar el inicio de la legislatura 2023-2024 a febrero. Entonces, según el esquema, se votaría por segunda vez la propuesta.
Ahora, ese plan pende de un hilo. O, más bien, de una “reconsideración” de la votación efectuada. “No jodan”, consiguientemente, fue la exclamación de José Williams, el presidente de la mesa directiva del Congreso, cuando, enfrentado a ese recurso leguleyo, suspendió, exasperado, la sesión.
El fracaso de la tentativa demuestra la división e incapacidad de los partidos del régimen de cumplir sus propios designios.
Varios congresistas están atentos a los ecos de las incesantes marchas que resuenan en la sede parlamentaria, y juegan con la idea de favorecer, in extremis, un proceso constituyente, como lo piden los parlamentarios de izquierda.
Otros quieren mantener al gobierno golpista sometido a sus dictados, como ocurre con sectores de la derecha que, ante la presión popular, añaden sus propios apremios sobre Dina Boluarte. Ese sería un modo de atizar aún más la represión de las movilizaciones.
Víctor Santiesteban Yacsavilca, de 55 años, es un nombre que da testimonio del salvajismo con el que un pequeño grupo pretende mantener su poder.
Mientras estaba resguardándose de los ataques policiales junto a un grupo de brigadistas de salud, fue golpeado en la cabeza por el cartucho de bomba lacrimógena. La intervención del personal sanitario fue inútil: Víctor se convirtió en un nuevo mártir de la lucha popular.
Y esa lucha no se detiene. Mientras Lima es el escenario de marchas y enfrentamientos con la policía, en las provincias se mantienen los bloqueos de las carreteras en 87 puntos. Y la fuerza de las movilizaciones se extiende: este domingo, campesinos cafetaleros de la selva central anunciaron que se sumarán al paro.
Está claro. Ante el poder de un pueblo, las maniobras políticas del régimen parecen un juego de niños.