La detención de Llaitul, Henríquez y Delgado se realizó el 31 de agosto en el marco de una investigación que les apuntaba como responsables de incendio y homicidio frustrado. El Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en ese momento, decretó prisión preventiva por 2 meses para los comuneros quienes fueron trasladados a la cárcel de la ciudad de Concepción.

El encarcelamiento de los weichafe – a ojos de todo el pueblo- se ha dado en el marco de una operación política realizada por el gobierno de Gabriel Boric, en la que, al igual que en el caso de Héctor Llaitul – se carece de fundamentos jurídicos, de pruebas y de elementos que permitan concluir la responsabilidad penal de los detenidos.

Además de ser recluidos por razones políticas, los comuneros denunciaron que la persecución continúa en el propio recinto carcelario, con irregularidades como restricciones, grabaciones ilegales y hostigamiento a las visitas, realizadas por funcionarios de Gendarmería que no portan identificación. Recordemos, además, que ante la negativa de los comuneros de extracción de muestras de ADN, la fiscalía amenazó con realizar ese procedimiento por la fuerza las muestras, acción que finalmente no pudieron concretar

El pasado jueves17 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles revocó la prisión preventiva de Llaitul, Henríquez y Delgado, imponiendo arresto domiciliario total para Henríquez y Llaitul y arresto domiciliario parcial para Delgado, mientras dure la investigación.

La reacción inmediata de la fiscalía y el gobierno de Boric -representado por el Ministerio del Interior- fue la de apelar en contra de la decisión de la jueza, quedando la determinación final en manos de la Corte de Apelaciones de Concepción. Resultado que fue presentado en una audiencia sin público, el día sábado 19 de noviembre.

En un fallo unánime, la segunda sala del tribunal de alzada, integrada por el Ministro Camilo Álvarez Órdenes, la Ministra Nancy Bluck Bahamondes y el abogado integrante Marcelo Matus Fuentes ordenaron el reingreso en prisión preventiva de Llaitul Pezoa, Henríquez Riquelme y Delgado Reinao, por considerar que la libertad de los detenidos constituye peligro para la sociedad.

Por tanto, nuevamente y sin pruebas concretas, dejaran a los comuneros presos. Ganó la presión de las grandes empresas forestales que saquean a nuestro país, la corrupción de los jueces y de los políticos que continúan extendiendo los estados de excepción. Ganó la debilidad de un gobierno que debe protegerse con la represión, y Boric, que no va ni para atrás ni para adelante, sólo se sigue arrastrando frente a las solicitudes de los verdaderos enemigos del pueblo.

El camino seguido por los comuneros debe continuar. Ese camino que va mas allá de lo que este régimen y sus instituciones corruptas puedan intentar negociar o entregar.

Por eso hoy es necesario, en estas circunstancias, expresar la real y activa solidaridad con la lucha del pueblo mapuche y en contra de los abusos que se vienen perpetrando en su contra. Lo que abre la necesidad de unir todas las luchas, todas las demandas de los oprimidos y de la clase trabajadora, en una sola lucha. Una sola lucha que nos permita vencer a ese enemigo común que nos somete, roba y explota a diario.