Convengamos una cosa. Hoy fue un mal día para las isapres. La tercera sala de Corte Suprema ratificó que la última alza de sus planes es “arbitraria” y debe ser dejada sin efecto. Se trata, en realidad, de 12 fallos que recaen sobre distintas isapres y sobre idéntico aumento de los planes: 7,6%.

Los ministros ordenan que se informe a todas las Cortes de Apelaciones del país para que éstas sepan qué deben hacer cuando los afiliados presenten recursos de protección en contra de las alzas de sus planes: dejarlas sin efecto, como ha venido ocurriendo hace ya varios años.

En su resolución, los supremos dejan asentado lo obvio: “en un mercado que debiera ser competitivo también por los precios ofrecidos para la cobertura de prestaciones similares, ello no se logra cuando -como es de público conocimiento- todas las isapres abiertas deciden aplicar como variación porcentual para todos sus planes de salud […] el mentado incremento en ese 7,6%”.

¡Qué increíble coincidencia!

Pero un mal día tiene cualquiera. Las isapres en cambio, llevan décadas de felicidad que bien deberían compensar por ese revés judicial.

Pero no. Según ellas, están al borde de la quiebra. Les quedan sólo un par de semanas o meses, aseguran.

Todo sube, dicen. Los costos, por la inflación; las licencias médicas, porque ahora todo el mundo anda enfermito, después de la pandemia. Por eso mismo, aumentan las prestaciones: consultas médicas, operaciones quirúrgicas, terapias, etc. Además, alegan, viene la nueva constitución y están las promesas del gobierno de establecer un seguro único de salud. Así, no se puede vivir, exclaman.

Eso, por supuesto, es pura basura. En el primer semestre de 2022 informaron pérdidas por 72 mil millones de pesos. Lo que no dicen, está en el detalle. Por ejemplo, una parte de los números rojos se explica por desempeño de una sola empresa: Masvida o, más bien, Nueva Masvida, como se llama tras la quiebra de la antigua “isapre de médicos”. Los resultados de esta compañía, según la información de la superintendencia de salud, disponible sólo hasta marzo de 2022, bajaron de mediocres números azules en 2021, utilidades por 425 millones, a un resultado negativo de 2.595 millones este año; una pérdida de ¡710%!

¿A dónde se va toda esa plata? En el caso de Nueva Masvida, uno puede sospechar que las pérdidas algo tienen que ver con la intención de sus dueños, el holding de salud estadounidense Nexus, de fusionarse con uno de los mayores actores del sector Colmena.

Pero, en general, el destino de la plata se puede adivinar fácilmente: a las clínicas, laboratorios e intrincadas redes de sociedades médicas que controlan estas supuestas aseguradoras.

Las isapres nacieron prácticamente juntas con las AFP, durante la dictadura. Pero fue en el período de la Concertación en que vivieron su verdadera expansión, beneficiadas, entre otras cosas, por el progresivo hundimiento del sector público de salud. Cualquiera que tuviera suficiente dinero para pagar el extra -cada vez mayor- que cobran las Isapre, además del 7% de cotización legal, se cambió al sistema.

Pero, aun así, se trata de una minoría de la población. Y las propias isapres ayudan a que el número de afiliados se mantenga acotado en un poquito menos de dos millones de personas. Lo hacen a través del descreme; sacan -o le cobran más- a cualquiera que remotamente pudiera necesitar un tratamiento médico costoso: las personas mayores, las mujeres (por esa mala costumbre de parir) y, en general, a los enfermos.

Con ese sistema han tenido continuamente ganancias desde 1990 por 2021, unos 1.600 millones de dólares. Sólo en 2016 le fue mal al sector. Fue cuando ocurrió el colapso de Masvida. Y, por supuesto, el año pasado y el actual.

¿Y por eso lloran tanto? No. Por supuesto que no, aunque es cierto que no hay nada más triste que un capitalista que pierda plata. En eso se parecen al meme del perrito grande y del perrito chico.

No, no, el motivo verdadero del llanto es la ratificación de que este modelo de negocios ha llegado un límite o, mejor dicho, que hay más plata en otro lado. Y ese es, justamente, el sistema de seguro único de salud.

La presión que ejercen las isapres va en dos direcciones: uno, garantizar que su red de establecimiento privados y empresas de médicos obtenga una tajada privilegiada de las llamadas prestaciones. O sea, que el famoso seguro único y el Estado, con sus subsidios, paguen los súper precios que cobran para sus clínicas y centros médicos. Y, además, que no se le ocurra al Estado empezar a construir demasiados hospitales públicos que le hagan competencia. Mucha oferta baja los precios. Esto último, en todo caso, es lo más fácil de lograr en esta negociación.

Y, dos, quieren condiciones ventajosas para sus seguros complementarios, destinado al mercado de altos ingresos.

En pocas palabras, es lo mismo, pero con otra faz y con más gasto del Estado. Se trata de una movida análoga a la que realizan las AFP con las cotizaciones previsionales, con la inestimable ayuda de este gobierno “progresista”. Aquellas se quedan con la plata y el Estado paga las pensiones. ¡Buena idea!

Para semejante negocio, bien valen un par de lágrimas y un poco de catastrofismo.