Cuando, en la noche del 25 de octubre de 2020, los resultados del plebiscito constitucional iban llegando, los dirigentes de los partidos del régimen se dieron cuenta de que algo no había salido bien. De nuevo.
Todo había comenzado un año antes.
En la madrugada del 15 de noviembre 2019 habían sellado un acuerdo que denominaron “por la paz y la nueva constitución”. Las negociaciones habían comenzado en los días previos, en el Congreso en Valparaíso. Las circunstancias eran, en los testimonios posteriores de los protagonistas, “dramáticas”.
Según el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, el gobierno le había comunicado, a través del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que era necesario que los partidos llegaran a un acuerdo, porque, de lo contrario, no quedaría otra que declarar un nuevo estado de excepción. De acuerdo con otros relatos, se estaba fraguando un “golpe” o un “autogolpe”.
Como ninguno de esos dirigentes manifestó, ni entonces, ni después, una objeción clara e inequívoca frente a ninguna de esas hipótesis o planteó, en consecuencia, la necesidad de defender el orden democrático, sólo se puede concluir una de dos cosas. O no les importa el orden democrático o no era ese el peligro que los movió a actuar, sino que fue el temor a que las movilizaciones populares los golpearan a ellos también.
Convengamos que lo que parece contradictorio perfectamente puede ser complementario. Es decir, es posible que no quisieran levantar ni un dedo frente a la amenaza de una agudización de la represión en contra del pueblo -que sólo se podría realizar por medios dictatoriales- y que, al mismo tiempo, temieran mucho más a la respuesta popular.
Pese a lo extraordinario de las circunstancias, los involucrados en las negociaciones no quisieron romper con sus rutinas: los jueves en la tarde nadie trabaja en el Congreso en Valparaíso, aunque el país “esté en llamas”. La mayoría de los parlamentarios se fue a sus casas, con excepción de los negociadores y de algunos otros, que también querían ser parte de las tratativas.
Las conversaciones se retomaron en la antigua sede del Senado, en la calle Compañía de la capital. Éstas, a pesar de lo complicado de las materias tratadas, avanzaron a un paso rápido. No hubo desavenencias importantes, especialmente luego que el entonces diputado Gabriel Boric y el senador de la UDI, José Antonio Coloma, presentaran a los demás un esquema que habían acordado en una charla que habían tenido en el baño de hombres, donde habían coincidido para aliviar sus necesidades biológicas. Muy fino.
Se realizaría un plebiscito, “de entrada”, en el particular léxico de sus autores; se elegiría una asamblea, que debía llamarse “convención”, que se conformaría exactamente como la Cámara de Diputados; la nueva constitución, elaborada por ese órgano y con una mayoría de dos tercios -que aseguraba, en cualquier circunstancia, el control de la derecha sobre su contenido- se sometería a un plebiscito, bautizado “de salida”.
Ese era el acuerdo. En apariencia, eso sí, porque no explicitaba su punto principal: todos se comprometían, bajo cualquier circunstancia, a proteger al gobierno de Piñera y a mantenerse ellos mismos en sus cargos en el Congreso. Eso, sin embargo, nadie quiso dejarlo por escrito. Adicionalmente, hubo otro subentendido: nadie esperaba que aquella nueva constitución fuera sustancialmente distinta a la actual.
Todo se dio a conocer en la madrugada del viernes 15 de noviembre. La causa de la demora fue que, pese a que el trato ya había sido cerrado, el senador Andrés Allamand insistió, a última hora, en algunos cambios: el órgano constituyente debía componerse de parlamentarios, al menos en parte, y éste sólo podría modificar la constitución pinochetista. Es decir, si una propuesta específica de