Luego de varias semanas en que el gobierno intentó cubrir su llamado de auxilio a las Fuerzas Armadas en un nuevo gran acuerdo político entre los partidos del régimen, en la noche del lunes, tuvo que reconocer su estado inerme.

El estado de excepción en contra de los mapuche había sido acordado en las diversas negociaciones con los gremios camioneros. Estos -que actúan como instrumento de otros intereses políticos y económicos- con cada concesión que recibían de las nuevas autoridades, aumentaron sus exigencias.

Primero, obtuvieron el reforzamiento de Carabineros, con un ingente gasto en equipos, personal y vehículos blindados, entre otros. Después, el gobierno hizo suyo el programa represivo elaborado por Piñera, que se expresa en una serie de proyectos de ley que aumentan penas e incrementan dotaciones y facultades legales de las fuerzas represivas. Y, finalmente, Boric adoptó, con algunas limitaciones, el proyecto de las llamadas infraestructuras críticas, que permitía un despliegue permanente de las fuerzas armadas bajo el pretexto de operaciones de vigilancia.

En la, al parecer, infinita ineptitud política de los y las jefes y jefas de La Moneda, revelaron su propia maniobra al llamar a ese esquema de militarización estado de excepción “intermedio”.

Como ese engendro debía pasar por el Congreso, a través de una reforma a la constitución pinochetista, de por sí rebosante de normas anti-democráticas y represivas, se expuso así plenamente la debilidad del gobierno frente a los partidos del régimen y las propias Fuerzas Armadas.

Estas últimas hicieron ver que no quieren resolver los problemas políticos del régimen, al menos no sin una garantía de impunidad total. Y los partidos, tanto del oficialismo como de la derecha, se afanaron en profundizar aún más la debilidad del gobierno.

La derecha exigió exactamente lo que, al final, obtuvo.

Y cierto partido de la coalición de gobierno -que no vamos a nombrar- presionó para que fuera el gobierno, y no sus parlamentarios con sus votos, el que asumiera “el costo”. A cambio, el presidente del PC, Guillermo Teillier -¡bah! se nos escapó qué partido era- se pararía detrás de la amateur ministra del Interior durante el anuncio, en señal de respaldo.

Y toda esta farsa la realizaron en el mismo día en que la convención constitucional presentaba públicamente su borrador de nueva constitución que, por cierto, limita los estados de excepción para que, justamente, no sean usados como una medida represiva habitual.

La militarización decretada pretende ser “acotada”, destinada a la toma de control de “las carreteras”. En el discurso que prepararon para ella leyera, la ministra del Interior deslizó que, con esta medida, también se buscaba impedir “bloqueos” y asegurar “el libre tránsito y el abastecimiento”. Claro que sí, por eso la acordaron con los mismos que perjudicaron el libre tránsito y abastecimiento.

Es evidente que el gobierno cruzó el Rubicón o una línea roja que vuelve inverosímiles y cínicas sus frases sobre las “transformaciones sociales”. Del mismo modo, algunos partidos de la coalición gobernante deberán abandonar su relato de estar con “un pie en la calle y otro, en las instituciones”. Metieron las dos manos, hasta el fondo, en el lodo y el estiércol.

Pero al proceder así, el gobierno, muy tempranamente, se anula y de forma definitiva. Boric y su grupo no podrán demandar ser tratados como los que dirigen el Estado.

Esa tarea, ha quedado claro, será asumida por nadie en particular o, más bien, por todos los componentes de un régimen, en una constante transaca, permanente farsa, infinita desvergüenza y reiterada violencia en contra del pueblo.

Pero eso es la condición del régimen. El pueblo deberá sacar sus propias conclusiones.