El nuevo gobierno ya va dejando claro que quiere continuar -y profundizar- la política de saqueo de los recursos naturales. Codelco anuncia que tiene planes de privatizar parte de sus operaciones. En el Congreso, la tímida ley del royalty se convirtió en el Senado en una nueva “Ley Longueira”; un negociado sucio que el gobierno prometió blindar.
La agencia británica Reuters, que sigue atentamente el sector minero chileno, informó que Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, tiene planes de vender activos de exploración “no esenciales”. Así lo anunció el vicepresidente de recursos mineros y desarrollo de la empresa, Patricio Vergara, en una conferencia internacional que se realiza en Santiago. Reuters califica la noticia como “una rara privatización para compañía estatal”.
Según Vergara, la venta de esos activos, actualmente en manos del Estado, a empresas externas podría marcar “un nuevo modelo” para la compañía, señala agencia, que indica que el ejecutivo no ofreció mayores detalles ni plazos para la privatización.
Estas señales “al mercado” ocurren a pocos días de que el nuevo gobierno deba nombrar a un nuevo presidente de Codelco.
Los nombres que más han circulado son los mismos de períodos anteriores, Óscar Landerretche, que ya ocupó el puesto, y el ex-ministro de Bachelet Máximo Pacheco. Los sindicatos oficiales de Codelco señalaron su oposición a esos candidatos: “si son los mismos nombres, como en una silla musical, vamos a tener un encontrón fuerte con el gobierno. No los estamos amenazando, sólo estamos diciendo lo que queremos”, declaró Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC.
Sin embargo, también se menciona la posibilidad de que el presidente Boric nombre a una mujer para ese cargo.
Sea quien sea, el rol del nuevo jefe -o jefa- de Codelco será, por lo visto, profundizar la política de desnacionalización del cobre llevada a adelante por los gobiernos de la derecha y la Concertación.
¡Qué lindo! O, si quiere, linda.
La ministra de Minería, Marcela Hernando, en la misma conferencia de inversionistas y ejecutivos mineros, les pidió a los representantes de las multinacionales presentes que “tuvieran confianza, porque ni al gobierno ni al presidente Boric le interesa, no está en nuestro programa, ni nacionalizar, ni expropiar, ni ahuyentar la inversión”.
La secretaria de Estado se refiere a la tramitación en el Congreso de la llamada ley del royalty minero.
El proyecto inicial fijaba un pago de 27% sobre las ventas de cobre, un porcentaje comparativamente bajo, para la extracción del mineral que, en teoría, pertenece al Estado.
Pero incluso ese guarismo era engañoso. Las empresas podrán descontar ese pago como costos de operación y, así, rebajar los impuestos que deben. Y estos, como se sabe, ya los reducen de manera sustancial con todo tipo de artimañas contables.
Los ingresos nuevos para el Estado serían minúsculos.
Ese royalty de cartón fue aprobado en la Cámara de Diputados. Pero en el Senado, los “honorables”, muchos de los cuales ocupan sus escaños gracias a las cuantiosas coimas pagadas por las mineras, rebajaron ¡en un 90%! la recaudación neta del royalty.
De ese modo, lo que tendrían que pagar las mineras de acuerdo a esta nueva ley quedaría en un nivel similar, e irrisorio, del falso royalty -falso porque se trataba de un impuesto especial, y no de un cobro por el mineral chileno, que han seguido extrayendo gratis hasta hoy- aprobado durante el gobierno de Lagos.
Esta cocina fue acordada en un encuentro convocado por la -hasta hace poco- presidente del Senado, Ximena Rincón, y su, entonces, colega Guido Girardi, con representantes de lo que sería pronto el gobierno de Boric, en conjunto con lobbyistas de las empresas mineras, todos ex funcionarios de la Concertación: Michel Jorratt, Álvaro García, Eduardo Bitrán y Hernán Frigolett.
Éste último, recordemos, es uno de los receptores de las coimas de SQM y -pura coincidencia- fue nombrado por Boric como nuevo director del Servicio de Impuestos Internos.
Un negociado escandaloso y corrupto, propio de vendepatrias.