La Corte Suprema en un veredicto que reafirma la impunidad de los funcionarios policiales, decretó el sobreseimiento del paco asesino del malabarista Francisco Andrés Martínez.
Francisco Andrés Martínez fue asesinado impunemente por un paco en Panguipulli, seguramente porque no le gustaban esos andrajosos que pedían dinero a cambio de hacer malabares y que impedía que la presencia policial fuera vista por los automovilistas y paseantes. Quizás, por ello y por enésima vez trató de amedrentar al joven malabarista, pidiéndole el carné de identidad de manera que pareciera que lo que hacía se ajustaba a la ley, por si acaso. Lo que no previó fue que Francisco se hastió de que le hicieran el control de identidad, pues necesita juntar dinero para comer y que no lo molestaran a cada rato, por esa razón no aguantó más. El paco y sus dos acompañantes, también pacos, no lo vieron venir y fueron perseguidos por Francisco, para que dejaran de molestar. El paco sacó su arma, acordémonos que eran tres pacos. Tres contra uno, y “sintió que su vida corría peligro”, por esa razón disparó una y otra vez, incluso el último disparo lo hizo cuando Francisco estaba en el suelo. Esa es la legítima defensa que adujó el fiscal para pedir el sobreseimiento del caso y que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valdivia y luego por la Corte Suprema.
Lo que vemos es la justicia chilena en marcha para proteger a sus esbirros, dejándolos impunes de castigos que por las circunstancias son violaciones a los derechos humanos, pero que se protegen en que Francisco y su familia no harán nada porque son pobres, deberán bajar la cabeza y seguir sus vidas de pobres.
Es la misma circunstancia en que el Martín Larraín atropelló a Hernán Canales cerca de Curanipe, y lo dejó morir a la orilla del camino, y que para zafarse del delito presentaron autopsias falsas, y al final pagaron diez millones de pesos para que la familia se desistiera de la querella y lo logró. La justicia no hizo nada, avaló el procedimiento.
Todos estos actos son los que el pueblo ha estado aguantando por décadas y décadas, pero ya no se puede aguantar más. No se puede aguantar la prepotencia de pacos y ratis que hacen uso de la autoridad que se les ha dado, pero para que no abusen de ella y la usen contra los delincuentes, no contra el pueblo. No se puede aguantar más la desfachatez de las fuerzas armadas que se sienten en un pedestal y que usufructúan del dinero para la defensa del país de otros países, y no para reprimir y matar al pueblo. Los políticos y la burguesía acuden a estos cacareando que está en peligro la sociedad cuando se pide justicia. No se puede aguantar más la injusticia de los jueces que dan dictámenes de acuerdo al dinero que se tiene, beneficiando a los ricos y maltratando a los pobres.
Parece que nada ha cambiado desde el levantamiento popular del 18 de octubre del 2019, pero no es así. Los mismos de siempre quieren recuperar su sitial que tenían, y quieren volver a la normalidad de ellos, pero ya no lo pueden hacer, por esa razón se ven estos casos absurdos donde se libera al asesino. Quieren seguir adelante y dar por superado lo que sucedió, pero sabemos muy bien lo que está sucediendo, solo miramos y archivamos en nuestras mentes el desprecio hacia el pueblo.
Con cualquier tipo de gobierno donde se avale el poder judicial como necesario e imprescindible para el funcionamiento del régimen, aunque sea injusto y proclame la impunidad, solo justifica que no habrá justicia para los pobres.