Un nombre: Geraldo Monares. Un delito, la desaparición forzada. Un lugar, un momento: Hualpén durante el levantamiento popular de 2019. Un funcionario corrupto, Micco, que oculta el crimen. Un funcionario del INDH que presenta una demanda en su contra por negarse a presentar una querella criminal por el delito de desaparición forzada. Un reportaje en televisión destapando el crimen.

El relato lo hizo La Red a partir del recurso judicial, llamado “demanda por tutela laboral”, que presentó el abogado Fernando Leal a nombre del entonces subrogante Jefe Regional Bío Bío del  INDH, Harún Oda, en el 2o. Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo la carátula RIT T-117-2022.

El escrito es la extensa exposición de una serie de acciones y situaciones de abuso policial -por ejemplo el uso de químicos para la represión de la protesta- a las que Sergio Micco, en su calidad de Director del INDH hizo oídos sordos;  la desprotección de sus funcionarios durante los días en que tuvieron que cubrir en terreno para verificar los atropellos policiales y la desidia del director del INDH en numerosos casos en su rol de veedor de los atropellos a los “derechos humanos”.

Entre los argumentos que proporciona la demanda de “tutela laboral” contra Micco está la de no dar curso a una querella criminal por la desaparición de una persona en Concepción.

Según el escrito judicial, se trata de una denuncia que recibieron los funcionarios de la regional Bío Bío del INDH sobre la desaparición de un hombre de 55 años, de nombre Geraldo Monares, en situación de discapacidad psíquica, ocurrida durante los primeros días de noviembre de 2019 en pleno levantamiento popular en la 8va Región.  

Según testigos, Monares se encontraba cerca del Hogar Tupahue, en la comuna de Hualpén cuando fue detenido, esposado y llevado a un carro policial. La situación fue presenciada por la esposa de un sobrino de Geraldo Monares.

 “Sus familiares habían ido a la 4ª Comisaría de Hualpén a preguntar por don Geraldo, sin embargo, les informaron que no se encontraba allí”,  narra el escrito judicial.

Un funcionario quedó asignado con la tarea de investigar la situación. Entre otras acciones, el funcionario entrevistó a la madre de Monares, a la Sra. Raquel del Carmen Peña, quien “les suplicó que encontraran a su hijo”. También levantaron la versión de la familiar testigo de lo sucedido, quien ratificó su primera declaración.

Por la gravedad de los hechos, argumenta el recurso judicial, la jefatura regional, o sea para este caso el querellante, Harún Oda,  decidió interponer un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción. La Corte pidió un informe a la PDI y el Ministerio Público inició una investigación que a la fecha no ha dado luces del paradero de Monares ni de lo que le sucedió.

“Con fecha 22 de enero del año 2020, en calidad de Jefe regional (S) de la Sede Biobío, informé por correo electrónico al entonces Jefe de Gabinete del Director Sergio Micco, Sr. Carlos Bellei, del informe de la PDI que indicaba gestiones investigativas sin conocerse a esa fecha aún el destino de don Geraldo Monares, señalándole la opción de interponer querella por desaparición forzada, grave crimen de lesa humanidad sobre el cual el INDH tiene legitimación activa”.

“De igual forma le sugerí una estrategia comunicacional del INDH en pos de difundir su fotografía y solicitar antecedentes a la ciudadanía respecto del paradero de don Geraldo Monares. A la fecha no hay respuesta por parte de dirección del INDH proponiendo acciones concretas respecto del caso. De igual forma el INDH, a expresa instrucción de su director, nunca dio publicidad al caso”, añade Harún Oda en el escrito judicial.

El funcionario señala que ni su jefatura regional,  ni Micco,  querían darle asunto al caso. “Tras un par de semanas Carolina Chang nos comunicó que tras hablar con Sergio Micco sobre el caso le había sido informado que el INDH no iba a presentar ninguna acción judicial sobre don Geraldo Monares, dados los efectos comunicacionales de comenzar a hablar de detenidos desaparecidos en medio de la crisis social, por cuanto además nos prohibió tajantemente hablar del caso ante los medios de comunicación”.

En los descargos,  hoy a partir del reportaje de La Red, el INDH dice que nunca recibió una solicitud para presentar una querella criminal para abordar el caso. El medio de comunicación adjunta copia del mensaje que Micco recibió con la solicitud.

Además en el comunicado, el INDH se queja de que no fueron consultados para contrastar los hechos con la versión de la institución, a lo que el medio señala que este artículo se basta así mismo pues está realizado en base a un escrito judicial.

La situación de Micco y sus asesores es tema aparte. En algún momento la historia lo juzgará. Y el pueblo no será misericorde con su accionar.

Por ahora, Geraldo Monares es la prioridad. Un hombre. Una vida. Sus familiares que esperan conocer su paradero. Saber qué pasó. Y si es preciso que se juzgue y sancione a los culpables. Finalmente es otro crimen contra el pueblo. Otro en que como es habitual el pueblo ha puesto los muertos.