La represión en contra del pueblo, desatada por este gobierno y ejercida por policías, militares y civiles a su servicio, constituye un crimen del Estado. La prisión y la persecución políticas en contra de quienes se manifestaron por las demandas populares o, simplemente, fueron escogidos al azar como rehenes del Estado, significa la continuación de ese crimen.
Esa gravísima violación a los derechos humanos se está cometiendo en este mismo momento, en que escribimos estas líneas. No ha cesado desde el 18 de octubre de 2019.
Nada se ha hecho, a pesar de las peticiones y denuncias, las manifestaciones y marchas, para detener esta ignominia.
En el Senado, importantes figuras políticas impulsaron una ley de indulto o de amnistía, que, con cortapisas y limitaciones, propone una solución legal a la situación de los presos políticos. Ese proyecto de ley no es desinteresado, altruista o solidario. Es una salida política para el régimen y una cobertura para el Estado, que, así, quisiera eximirse de la responsabilidad de haber impuesto la cárcel a quienes exigían sus derechos.
Sin embargo, su tramitación ha sido sometida al juego político del régimen. En los hechos, está congelada y en reserva. Pero cada día que pasa, se agrava la culpa de los hechores: gobierno, jueces, fiscales, legisladores, policías, militares.
En la campaña presidencial, los candidatos de la derecha optaron por sumarse al gobierno. Calumnian a los presos políticos; dicen que son criminales. Los postulantes centristas, Provoste y Boric, se mostraron ambivalentes. La primera, que había patrocinado el proyecto de indulto general, retrocedió y propuso el establecimiento de una “comisión asesora”. El segundo, siempre fue equívoco: se centró en aspectos accesorios de la situación, como las querellas por ley de seguridad del Estado, e insinuó que se trataba de un problema que debía verse caso a caso.
Después de las elecciones, la ambigüedad dio paso al descaro. “No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”, señaló. Se trata de la misma conducta calumniosa que exhibe el pinochetismo y los defensores de Piñera.
El problema de los presos políticos no es lo que la justicia y los represores les atribuyen a quienes han encarcelado. Al revés, consiste en que esas acusaciones son las que pretenden legitimar y legalizar la prisión política en su contra.
No se le puede escapar a nadie que los que actualmente siguen en prisión, justamente, son los que enfrentan causas por delitos más graves. En otros casos, en que las imputaciones falsas se referían a infracciones con penas menores, muchas personas, luego de abusivas prisiones preventivas, están fuera de la cárcel, pero siguen sometidas a otras medidas de control.
Ese abuso, en numerosos casos, como el denominado “Primera Línea”, había sido sancionado, previamente, por leyes presentadas por Piñera en medio de la represión generalizada, como la ley anti-barricadas, aprobada, por cierto, por el propio Boric, a sabiendas del uso ilegítimo que se le daría.
La prisión política en Chile significa que jóvenes, en su mayoría, deben servir de rehenes individuales para un propósito represivo colectivo. No importa si hicieron algo o no, si tiraron una piedra o una molotov, o si volvían del trabajo. Ninguna de las detenciones, ninguna de las investigaciones, ninguno de los juicios, ninguna de las sentencias, es justa, por definición y por los innumerables hechos concretos, acumulados en cada caso.
Eso es lo que requiere de una solución, por cualquier medio necesario. La lucha por la liberación de los presos, por el fin de la persecución política, por el restablecimiento de su honor, la reparación del daño que se les ha causado y por hacer efectivas las responsabilidades de quienes perpetraron ese crimen de Estado, es una causa moral.
En un plano político, representa una línea roja que no puede cruzar ningún partido, dirigente, candidato o autoridad.
La senadora electa por la región metropolitana Fabiola Campillai lo expresó con claridad y precisión. Indicó que, si Boric “quiere sentarse a conversar con el pueblo” para obtener votos en segunda vuelta, “lo puede hacer”; pero la condición, dijo, es que debe “prometer justicia y verdad para nuestros presos políticos del estallido social”, además de “reparación integral para todas las víctimas y hoy sobrevivientes del estallido y de este gobierno”, y el establecimiento de garantías de no repetición.
Ese planteamiento constituye el hecho político más significativo después de las elecciones del 21 de noviembre, pues señaló la posibilidad de no cruzar la línea moral que representa la situación de los presos políticos y la represión estatal.
Las palabras y la actitud general del candidato Boric y de su coalición muestran que no quieren “sentarse a conversar con el pueblo”, ni cumplir con las condiciones demandadas por la decencia, la humanidad y una convicción democrática auténtica.
Se vuelven así, Boric y los partidos que lo respaldan, cómplices de un crimen. Quienes quieren apoyarlos en las elecciones deben considerar que, si ese candidato y su coalición, finalmente, llegan al gobierno, pasarán a ser autores de este crimen, y quedarán manchados para siempre con la marca del colaboracionismo con los enemigos del pueblo.