En Panguipulli, el 8 de febrero, carabineros comenzó a hostigar a Francisco Martínez, un joven que hacía malabares para ganar algo de dinero. Hicieron uso del “control de identidad”, un viejo protocolo policial que en esta sociedad de clases, se usa para vigilar y perseguir a jóvenes de extracción popular. Los amenazan con llevarlos presos si oponen resistencia. Así ocurrió en este pueblo. Frente a la oposición del joven, sacaron sus armas, pues “temieron que sus sables de malabar los hirieran”, y dispararon a mansalva, incluso cuando estaba en el suelo lo remataron para que no se levantara. Seis balas le disparó el sargento Juan González Iturriaga, mientras los cabos Cristián Mora y Jocelyn Carvajal secundaron la versión “que los amenazó de muerte”, en cambio testigos afirman que sólo dijo “pacos asesinos”. En definitiva, la justicia quiere dejar como inocente a un asesino, alegando legítima defensa.

Esto hecho de manifiesta injusticia, pues había grabaciones del incidente, enardeció a las personas de la localidad y a turistas. Manifestantes se congregaron a las afueras de la municipalidad de Panguipulli y la incendiaron, junto a otros edificios cercanos, mientras se enfrentaban a carabineros. Allí es detenido Gastón Quezada y acusado de quemar el ayuntamiento.

Gastón Quezada estuvo preso durante cinco meses y hasta hoy día se encuentra con arresto domiciliario total. Las pruebas habrían sido videos donde se lo ve en el incendio, según fiscalía y la municipalidad que se querellaron contra él. Lo inusitado de todo esto es que dicen que perdieron las pruebas “que parece nunca tuvieron”, e insisten sin pruebas en mantener el arresto domiciliario total. Incluso el ministerio público aun solicita la privación de libertad. Por esta razón la abogada de Gastón Quezada presentó una querella por obstrucción a la justicia en contra de quienes resulten responsables en dicho caso.

La justicia chilena está plagada de casos semejantes, donde los criterios políticos de la clase que gobierna se imponen por sobre criterios jurídicos generalmente aceptados en la teoría. Presentan a manifestantes como delincuentes, se confabulan carabineros, la justicia y el gobierno con el fin de castigar a quienes protesten. Este es el mundo al revés, los asesinos andan libres por las calles y se encierra a quienes se manifiestan contra las injusticias del sistema.