El ataque perpetrado por la Armada en la provincia de Arauco, en la medida en que se conocen y se confirman los antecedentes, revelan una red de mentiras: son los intentos de los responsables de ocultar sus crímenes y de continuar con la represión. Sebastián Piñera es el principal de ellos.
¿Es posible, ante la evidencia física inocultable, ante la presencia de decenas y decenas de testigos, ante la existencia de registros audiovisuales certeros… reiteramos, es posible mentir ante el mundo entero? Sebastián Piñera y los altos mandos militares claramente no conocen límite a su infamia.
El gobernante, ya sin la posible excusa de la información insuficiente o no corroborada, insistió este jueves en describir el ataque de la infantería de marina en contra de la población civil en el sector de San Miguel, en la comuna de Cañete, como la reacción a una “emboscada terrorista”.
La versión había sido divulgada por el jefe de Defensa de la región del Biobío bajo las normas del estado de excepción que rige en la provincia de Arauco. El contraalmirante Jorge Parga, hizo circular la especie de que un grupo de efectivos de la Armada acudió en auxilio de Carabineros que se enfrentaban a personas “armadas” que atacaban a los policías “con objetos contundentes”. El militar señaló que sus tropas dispararon balas de salva y, posteriormente, munición real en contra de los desconocidos. Estos se habrían retirado a guarnecerse en bosque cercano. Ocultos por el follaje, esas personas habrían convertido su huida en una “emboscada”.
De ser así, se trataría de una notable innovación táctica, de la completa ignorancia del alto oficial de conceptos militares básicos o de una muestra de incompetencia monumental del mando operativo. O se trata, simplemente, de una mentira.
Estos hechos ocurrieron en un lugar indeterminado de la carretera que une a Cañete y Tirúa, pasadas las 14.30 horas. Después, dice el contraalmirante, a las 18 horas, hubo otro incidente armado, en un predio privado, en la misma zona. Tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia, imputadas de infracción a la ley de control de armas, atentado contra la autoridad y receptación de especies robadas.
Se divulgaron imágenes de la supuesta evidencia, municiones y un fusil antiguo, tipo Mauser.
La justicia, sin embargo, tomó esos arrestos como lo que eran: un abuso para encubrir los crímenes cometidos. Dos de los detenidos fueron liberados. El tercero deberá ahora esperar las lentas ruedas de la justicia hasta recobrar su libertad. Es el hermano de la persona asesinada por los marinos. Según se reveló, en la audiencia había sido detenido antes de los hechos alegados por las autoridades, a las 11.30 de la mañana, y no a las 18 horas. Se le imputa que portaba varios cartuchos de escopeta.
Ni el gobierno ni los marinos saben por qué hubo víctimas. Como para reforzar esa ignorancia, el gobierno, el jefe de zona y la fiscalía señalaron, de manera oficial, el miércoles en la noche, que hubo dos muertos. Decían eso en los mismos momentos en que ellos mismos, las autoridades, habían dispuesto un cerco policial en torno al hospital de Temuco, para impedir que los familiares y ciudadanos alertados por el ataque se pudieran acercar al centro médico, donde era tratado de sus gravísimas lesiones, Iván Porma Leviqueo, el mismo que ellos daban por fallecido.
¿Nadie dio aviso de esas circunstancias a sus superiores?
Iván Porma había sido herido, junto a otras personas, por infantes de marina que habían bloqueado la carretera. Éstos abrieron fuego, a traición, en contra de las personas, hombres, mujeres y niños, que buscaban regresar a sus hogares.
¿No tienen el jefe de zona, el gobierno o la fiscalía noticia alguna de esos sucesos?
La otra víctima, Yordan Llempi, fue ultimado en el patio de su casa por la descontrolada soldadesca. Malherido, los marinos impidieron que pudiera ser llevado a un centro médico. Finalmente, abrieron el camino, pero sólo permitieron que los vehículos en que llevaban Llempi se desplazaran hacia el sur, a una posta rural o, más lejos aún, al consultorio de Tirúa, donde finalmente se constató su muerte.
No permitieron que lo llevaran al hospital de Cañete, el único lugar, dentro de las circunstancias, en que se le podía dar la atención de emergencia adecuada a la gravedad de su condición.
¿Ignoran los infantes de marina, los oficiales que los dirigen, que, aún en caso de un enfrentamiento armado, aún en el caso de un combatiente enemigo que haya sido abatido, las leyes de la guerra los obligan a brindarle asistencia médica, dentro de las posibilidades, y, en cualquier caso, les prohíben taxativamente obstaculizarla o impedirla?
¿Forman los Convenios de Ginebra parte de la doctrina de marina chilena o ésta se rigen esta por las directivas de las SS nazis, las órdenes ilegales de un ejército golpista o la barbarie de una fuerza de ocupación colonial?
Tratándose, sin embargo, en este caso, no de un combatiente enemigo, sino de un miembro de la población civil, de un ciudadano del propio Estado que estas fuerzas militares defienden ¿qué razón, qué explicación, hay por estos hechos?
Las mentiras no pueden ser separadas de los actos criminales. Constituyen un agravante o la corroboración de que lo que se ha cometido aquí es un crimen de lesa humanidad, cuyos responsables están la cúpula política y militar del Estado. Sus ejecutores directos son agentes que actúan sin honor y a traición. Se trata de los crímenes más graves que se conocen.
Los responsables creen que pueden actuar con impunidad. Ven como los organismos del Estado, como las fuerzas políticas del régimen, ofrecen su colaboración o, a lo más, condenas, tibias, genéricas, interesadas, en fin, cómplices.
Los culpables, sin embargo, todos ellos, sin excepción, deberán responder. A eso no tendrán escapatoria, porque el pueblo no permitirá que los crímenes queden impunes.