Alguien diría que el impeachment en contra del jefe de Estado sería una noticia de importancia en la prensa establecida. Lo fue cuando este proceso se realizó en otros países, como en contra de Trump, a fines de 2019, o en Brasil, en contra de Dilma Rousseff, en 2016.

En Chile, las cosas funcionan de manera distinta. Como con los terremotos, ya nada nos impresiona. Y los medios de comunicación están en otros menesteres. Sin embargo, las ruedas del Congreso se mueven igual. El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, realizó dos presentaciones ante la comisión revisora que debe emitir un dictamen que, en todo caso, no es vinculante para el pleno de la Cámara de Diputados.

Lo primero que hizo el abogado de Piñera fue proponer la cuestión previa, es decir, pide que antes de que se realice todo el proceso, se vote sobre si la acusación cumple con los requerimientos básicos para ser tratada por el parlamento. Con ese mecanismo, si los acusadores están lejos de alcanzar la mayoría, se puede terminar rápidamente con el asunto. Además, para los efectos legales, la acusación constitucional queda como “no presentada”; algo así como que el acusado quedara sin un registro policial: todos los papeles limpios.

Bueno, Gálvez cree que la acusación por los manejos de Piñera en torno al proyecto Dominga revelados en los Pandora Papers, no sirve. Lo escribieron a la rápida, cosa que es verdad. Él se colgó de cada error de ortografía que encontró e incluso hizo unas tablas, un poco embarazosas, en que comparaba párrafos de la acusación que estaban copiados de textos jurídicos, sin atribución ni cita.

Además, dice que todo esto es político -lo que también es verdad- y que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo y que no hay nada nuevo. Así que pide, que se apruebe la cuestión previa, es decir, se deseche, sin más trámite, la acusación, el libelo, en el idioma de los abogados.

Cualquiera diría que con eso se levantaría altivo y satisfecho por los servicios prestados a la República y a su cliente. Pero el defensor de Piñera sabe cómo son las cosas y agrega que si, por alguna extraña razón, los parlamentarios rechazaran esa cuestión previa, igual tiene una defensa en contra de las acusaciones “en el fondo”.

Lo del “fondo” es una manera de decir, porque los argumentos que ofrece Gálvez son los mismos que en el punto anterior.

Obviamente su tarea no es fácil. Dice que hay “cosa juzgada” en la investigación judicial Exalmar-Dominga, pero se sabe bien que Piñera está actualmente imputado de los delitos de cohecho y otros en una investigación nueva.

Dice que los hechos ya están prescritos, porque ocurrieron en 2011. Pero después insiste en que la acusación constitucional sólo puede referirse a “actos de su administración”, es decir, realizados formalmente como presidente de la República. Bueno, una de dos, cerebrito: si sólo se puede ver lo que Piñera hizo como presidente, daría lo mismo cuándo realizó sus negocios secretos como persona privada o inversionista ¿verdad?

Porque el hecho concreto es que siguió, ahora, en su segundo mandato favoreciendo al proyecto Domingo, como presidente. De hecho, sólo agosto de este año, los organismos públicos, dependientes del gobierno de Piñera, revirtieron los pronunciamientos previos que habían rechazado la aprobación ambiental de Dominga. El único voto en contra fue el del intendente de la región de Coquimbo -delegado presidencial en la nueva nomenclatura- y que, acto seguido, fue destituido por Piñera, en una represalia evidente.

Gálvez se mete en todo este lío lógico con lo de los “actos de su administración” que, agrega, “abiertamente” deben contravenir las leyes y la Constitución, por una razón muy simple. Apuesta a que no exista ningún papel, ningún oficio, ningún decreto, nada formal, nada con timbre y firma de Piñera, que lo incrimine “abiertamente”. Parte del supuesto que los actos criminales, su cliente los hizo pa’ callao.

Los adverbios, las palabras terminadas en -mente, son los favoritos del abogado de Piñera. La acusación constitucional le atribuye “haber comprometido gravemente el honor la nación” por aparecer frente a todo el mundo como un ladrón. Eso es difícil de desmentir. Los Pandora Papers fueron publicados por un consorcio internacional y sus revelaciones aparecieron en las portadas de los principales diarios del mundo.

Sí, dice Gálvez, sí, pero ¿“gravemente”? ¿Dónde sale que eso es grave? se pregunta nuestro letrado. Ya alentado por su propia audacia, dobla la apuesta: además, la constitución prescribe que se debe “haber comprometido” el honor, etc. Haber. Eso es pasado, algo que ya ocurrió, mientras que el escándalo de los Pandora Papers todavía en plena marcha, según el abogado de Piñera.

Hay mucho más en las más de 200 páginas del escrito, pero hay una cosa que no se menciona en ninguna parte: la acusación en contra de Piñera no procede, porque él es inocente.