Ayotzinapa estremeció a México y al mundo. La tarde del 26 y 27 de septiembre, policías municipales de Iguala y militares del 27 batallón de infantería de la ciudad persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa resultando el operativo en la desaparición de 43 jóvenes, el asesinato de otras nueve personas y un saldo de 27 heridos. Los jóvenes se dirigían a la Ciudad de México para la conmemoración de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Desde entonces, el caso ha sido una sumatoria de procesos policiales, jurídicos y políticos irregulares y marcados por la corrupción. Bajo el gobierno de Peña Nieto la justicia elaboró una “verdad histórica” en la que los culpables serían los miembros del cartel Guerreros Unidos al servicio de las autoridades municipales de Iguala.

Esta verdad se cayó recién en 2020 cuando el Fiscal General de México, Alejandro Gertz, anunció, entre otras medidas, la detención de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México. La decisión es resultado de un largo proceso para exigir verdad y justicia llevada adelante por los familiares de los jóvenes.

La falsa “verdad histórica” fue sepultada gracias al apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, luego que las familias interpusieran un recurso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia en su país.

Los jóvenes no fueron asesinados y quemados en un basural. El trabajo del Grupo Interdisciplinario y la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense arrojó luces sobre los hechos. En su trabajo lograron encontrar restos de tres de los muchachos en el predio llamado La Carnicería, y no a  800 metros -el basural de Cocula- donde, según la “verdad histórica” habían sido ultimados y quemados los jóvenes.

En estos siete años han caído autoridades políticas, policiales y de la justicia. Los hechos dejaron un total de 180 víctimas directas: seis personas ejecutadas, entre ellas un menor de edad y un normalista que mostraba señas de tortura; más de 40 heridos, pero aún se desconoce el grueso de la verdad, el por qué se hizo desaparecer a los 43 jóvenes.

Pero los sospechosos siguen siendo el Ejército Mexicano, el grupo narco Guerreros Unidos, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez y los policías municipales de Iguala y Cocula.​  Hoy, nuevamente sus familias marcharon a lema de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. No puede ser de otra manera. ¡Verdad y justicia, ni perdón,  ni olvido!