Este lunes se decretó la prisión preventiva de Patricio Villafaña, quien atacó la marcha en conmemoración de los caídos de la dictadura y asesinó al joven estudiante Alonso Verdejo. La investigación del crimen quedó a cargo de Carabineros. El gobierno celebra sus medidas represivas como “efectivas”.
Una amplia campaña, en los medios de comunicación y en el gobierno, busca silenciar el asesinato de Alonso Verdejo durante la marcha por la conmemoración de los caídos de la dictadura, realizada este domingo.
El hecho delictual ha sido apenas consignado en la prensa. En TVN, que exhibió las imágenes que muestran cómo Villafaña apuñala a una persona por la espalda y, posteriormente, es custodiado por Carabineros, la presentadora aseguró que los agredidos no tienen “nada que ver con la manifestación”.
Alonso, estudiante de ingeniería agrícola y de convicciones anarquistas, quien perdió la vida debido a esta nueva acción de civiles armados, es presentado como el partícipe de una riña en la vía pública y no como la víctima de un asesinato político, realizado ante los ojos de la policía.
En redes sociales, su hermano, el arquitecto Nicolás Verdejo, escribió “las líneas más difíciles de mi vida me tocó trazar. Mi amado Alonso, mi hermano, amigo, compañero y alma inmensamente generosa y rebelde se queda conmigo como un dolor que acepto padecer. Todo con tal de sentir su tierno sigilo; que no te irás y no me dejarás caer. Te amé desde que te cargué en mis brazos hace insuficientes 27 años, y te amaré cada día que me quede de vida. Descansa en paz, chancho precioso”.
El gobierno, en palabras de la ministra vocera, Camila Vallejo, declaró como “efectivas” las “acciones de resguardo del orden y seguridad”. Orgullosa, la otrora dirigente estudiantil enumeró que “tuvimos 1.800 efectivos, más de 340 medios logísticos y operativos desplegados” -se refiere, por cierto, en la enrevesada lengua de los tombos, a vehículos.
“Por lo tanto”, concluyó, “logramos reducir bastante los incidentes”. A esa inferencia, propia de las mentes represivas, se sumó su condescendiente admisión de que los familiares “víctimas de derechos humanos”, como, desconcertantemente, lo formuló, “tienen todo el derecho a manifestarse”.
Hubo una época en que una entidad, dominada, igual que ahora, por el Partido Comunista, llamada “Asamblea Nacional de los Derechos Humanos” y que congregaba a organizaciones como las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, entre muchas otras, convocaba al pueblo de Santiago a manifestarse por verdad y justicia, en contra del olvido y la impunidad, con ocasión del aniversario del golpe de Estado.
Ahora, la manifestación, se deduce, es sólo un asunto de familiares, una ceremonia privada y desprovista de consignas políticas. Pero aún así, bajo este nuevo modo, la represión policial no se aminora, sino que, al contrario, crece.
Vallejo no tuvo ninguna palabra para el asesinato de Alonso Verdejo. El hecho, simplemente, no existió en el balance del gobierno, que presentó acciones judiciales por vidrios rotos, rayados a paredes, fuegos artificiales y molotovs, peroque no consideró necesario hacerse parte de la investigación judicial de un crimen político ocurrido en una de las principales avenidas de la capital.
Está claro cuáles son las conclusiones.