Más de dos años estuvieron presos Ernesto Llaitul, Esteban Henríquez, Ricardo D. Reinao y Nicolás V. Alcamán. El gobierno de Gabriel Boric, mediante el Ministerio del Interior, les atribuyó un atentado a unos camiones forestales en el fundo Punta Arenas, en la comuna de Los Ángeles.

Se habían convertido en blancos de la llamada “Fuerza de Tarea de la Macrozona Sur”, un organismo especial de la PDI, dedicado a la represión de los luchadores mapuche.

En un primer juicio, fueron condenados a 15 años de cárcel, sin pruebas ni testigos. Todo el proceso se basó en su militancia en la Coordinadora Arauco Malleco.

Realizaron una larga huelga de hambre, en exigencia de una revisión de la sentencia.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Concepción anuló el fallo de primera instancia y ordenó un nuevo juicio.

En el segundo intento, el gobierno y la fiscalía intentaron introducir evidencia manipulada en lo que se ha convertido en su principal caballo de batalla: los supuestos datos de georreferenciación de los teléfonos móviles de los imputados.

Es el mismo método usado para sustentar la condena en contra de Héctor Llaital, vocero de la CAM, quien fue condenado a 23 de cárcel por las declaraciones que realizó en nombre de la organización mapuche.

Sin embargo, el tribunal oral en lo penal de Los Ángeles desechó las pruebas fabricadas y, en un fallo dividido, absolvió a los acusados y decretó su libertad, al fin.

No hay duda de que este desenlace sólo se debe a la persistencia y entereza de los comuneros y a centenares y miles de personas que se sumaron a su defensa, formando comités de apoyo, manifestándose en las calles y difundiendo la verdad que el Estado quiere tapar.

Un triunfo que sólo la lucha puede conquistar.