El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando declaró culpable de dos delitos de abuso sexual a Eduardo Macaya Zentilli, dueño de empresas agrícolas, viñas y, básicamente, de la toda la comuna de Placilla.

A uno de hijos lo puso en la política. Y a éste, gracias las circunstancias y la plata, le ha ido bien. Es senador y presidente de la UDI, lo que significa que designa a los ministros de las Cortes, al fiscal nacional y a un montón de otra gente que le va a ser muy útil cuando presente su apelación.

El tribunal que lo condenó se inclinó ante esa evidencia y consideró que su propio veredicto no era “un hecho nuevo” lo suficientemente relevante para cambiar las medidas cautelares que tienen a Macaya bajo arresto domiciliario total en su fundo, que es tan grande, que hasta le pusieron un nombre: “Santa Elena”. Se trata del mismo lugar en que cometió los delitos.

Para que todo tenga su corrección el peligro que emana de un sujeto que atacó a menores de edad de su propia familia fue compensado con una fianza de $150 millones.

Todo se puede arreglar si se tiene plata.

El juicio mismo fue secreto, lo que fue justificado con la necesidad de preservar a las víctimas. Es cierto, no es necesario que todo el mundo conozco los detalles de las barbaridades que hacía Macaya. También es cierto que esa circunstancia facilita la impunidad de este criminal.

De lo que trascendió en la prensa se sabe que la decisión de Macaya y de su familia (su influyente hijo no se nombra en estas versiones) era ocultar los hechos. Sin embargo, una de las víctimas hizo una grabación que documentaba los abusos y la compartió con tías y primas, que también habían sido objeto de las agresiones sexuales del jefe del clan.

Todo indica que sólo debido a esa singular e incontestable ocurrencia, Macaya fue condenado. De hecho, los jueces lo absolvieron de dos de las acusaciones por “falta de pruebas”.

Así las cosas, condena o no, después de un tiempo prudente, todo volverá a la normalidad, a la terrible normalidad de los patrones.