Por un momento, parecíamos estar en la Argentina de Milei.

“No hay plata”, espetó el ministro de Hacienda, Mario Marcel; “las deudas hay que pagarlas”, sentenció su segundo en el gobierno…, oh, perdón, queríamos decir: el presidente Gabriel Boric.

Diputados del Frente Amplio denostaron las “políticas populistas” de… ¡Sebastián Piñera! Y todos, todos, están, por supuesto, de acuerdo que lo más importante es la “responsabilidad fiscal”.

Pero no hay cuidado. Toda esa breve polémica de invierno es, como siempre, puro teatro.

El origen de este drama, se nos dice, radica en la congelación de las tarifas eléctricas, decretadas a fines de 2019. El gobierno de Piñera calculaba que si la gente había armado tanto lío por 30 pesos del metro de Santiago ¿qué dirían por cinco o diez lucas en las cuentas de la luz?

Mejor pausar el aumento y cobrar después, si es que había un después. Daba lo mismo. En esos momentos, el gobierno medía el “largo plazo” en tramos de dos semanas.

Después, apenas asumido, el gobierno de Boric prorrogó la medida. Había que andarse con cuidado y, total, nadie reclamaba.

No los usuarios, desde luego, aunque para ellos, la ausencia de alzas pronunciadas era un beneficio sólo abstracto, porque la cuenta de la luz salía bien salada igual.

Y para las empresas eléctricas tampoco había problema. Podían esperar, dijeron.

Curioso.

El misterio se develó en abril pasado, cuando se levantó el congelamiento de las tarifas. En el intertanto, se habían acumulado 6 mil millones de dólares en ingresos pendientes para las eléctricas, sin contar las alzas que correspondían a este último período.

¿Qué había pasado? El congelamiento resultó un negocio fabuloso. Las eléctricas vendieron, a un buen precio, la mitad de sus títulos de deuda, o sea 3 mil millones de dólares, a fondos buitres financieros que se las cobrarían, no a los clientes, sino -comodidad suprema- directamente al Estado chileno, con una ganancia se entiende. Si esto es un negocio.

El detallito de que el fisco, en realidad, no había adquirido originalmente obligación alguna que pudiera cobrársele, quedó resuelto este año, cuando el gobierno hizo aprobar una ley que les aseguraba a los acreedores internacionales exactamente eso: que se haría responsable del pago de los seis mil millones acumulados, y de sus intereses, obviamente, cada vez más altos, en un plazo de 10 años. Garantizado.

Pero ¿cómo se llegó a esto extraño negocio y su actual desenlace?

Los números dan la respuesta. La mayor empresa del rubro, la italiana Enel, que controla un tercio del mercado, desde que rige la famosa congelación de tarifas ha aumentado sus ganancias al doble, un 98,9% para ser más exactos.

No está mal. Pero lo que importa es la tendencia. Si en 2022 las utilidades sumaron más de 1.200 millones de dólares (actuales), el año pasado los resultados fueron mediocres: sólo 1.100 millones de dólares.

No es raro, entonces, que en Roma decidieran tomar algunas medidas.

La primera, fue echar al gerente y cambiar parte del directorio. Todo esto coincide con la asunción al gobierno de la neo-fascista Giorgia Meloni. Enel fue privatizada a fines de los ’90, pero el Estado italiano mantiene aún un cuarto de la propiedad y el control de la compañía. El presidente del directorio de la filial chilena, en todo caso, sigue siendo el mismo, un tal Herman Chadwick Piñera (¡ay, Dios, esta gente!).

La segunda medida fue… llevarse la plata. Los nuevos directores italianos fueron directamente del aeropuerto a la junta de accionistas para ordenar un pago de dividendos. Por si acaso.

Y la tercera medida, en realidad, no requiere de acción. Esa parte les toca a los mocitos o perkins -lacayos se les decía antes- del capital transnacional.

En este caso, el gobierno de Mario “no-hay-plata” Marcel… perdón, de nuevo… queríamos decir, el gobierno del presidente Gabriel “las-deudas-hay-que-pagarlas” Boric.

A propósito de plata: para que no nos fijáramos como estos chupasangres se la llevan porque sí y porque no, el centro del drama por el tarifazo eléctrico fue un subsidio de unos 120 millones de dólares al año, a distribuirse entre la población más menesterosa del país. De esa suma, el Estado sólo aportaría 20 millones. El resto lo ponen los llamados clientes libres, es decir, las mineras.

El gran teatro político, entonces, fue aumentar ese monto. Luego de un par de días de suspenso, el gobierno anunció un plan en que “triplicaría” el subsidio. La principal fuente sería destinar un porcentaje de la mayor recaudación del IVA, debido a las alzas, a ese subsidio.

En otras palabras, usted, estático lector, galvanizada lectora, financia ¡su propio subsidio!

¡Fantástico!

Y de paso, el Estado reserva una parte de sus ingresos para pagarles a las eléctricas; porque eso el subsidio, un ingreso garantizado para las empresas eléctricas.

Nosotros sólo decimos: ¡cuidadito con cortocircuitos! ¡ojo con las chispas! Esas encienden, como bien se sabe, hasta las praderas.