En sólo tres horas, se derrumbó, con pena y sin gloria, la intentona golpista del general Juan José Zúñiga en Bolivia. El pueblo expulsó a los golpistas de la plaza Murillo de La Paz y el gobierno nombró un nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas. Zúñiga fue detenido. Sin embargo, todo indica que esto fue sólo una prueba. Si el pueblo se confía de su rápido éxito y no toma las riendas de la situación, habrá un nuevo golpe… y esta vez en serio.
Las primeras noticias hablaban de “movimientos irregulares”. Cuatro carros ZFB-05 “Xinging”, de fabricación china, un centenar de efectivos de infantería y de la policía militar ocuparon la Plaza Murillo de la capital La Paz. Es el “kilómetro cero” de Bolivia y su centro político. Allí se emplaza la Asamblea Legislativa y la tradicional sede presidencial, el Palacio Quemado.
Mientras instalaban barreras en las cuatro esquinas de la plaza, los militares la emprendieron en contra de ese último inmueble. Lo curioso es que parecían ignorar que el presidente Luis Arce despacha, no en ese edificio, sino en una torre de 29 pisos, la Casa Grande del Pueblo, justo detrás del palacio Quemado, que hoy sirve de museo.
Y desde la altura, el mandatario y sus ministros pudieron observar los “movimientos irregulares”. Pronto se supo que las tropas eran comandadas por el recién destituido jefe del Ejército, el general Juan José Zúñiga.
Arce y sus colaboradores bajaron a su encuentro. El presidente ordenó al defenestrado militar a “desmovilizarse”; “esto no tiene ni pies ni cabeza”, le espetó.
Zúñiga, sin embargo, no hizo caso.
Frente a los periodistas declaró que formaría “un nuevo gabinete” y que “ya estaba en marcha la liberación de los presos políticos”, en referencia a los golpistas de 2019, Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho. La primera cumple una pena de 10 años por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes”, mientras espera la resolución de otras causas pendientes. Camacho, el gobernador de Santa Cruz, está en prisión preventiva bajo los cargos de “financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa”.
Curiosamente, ambos hipotéticos beneficiarios de la asonada condenaron inmediatamente el golpe a través de las redes sociales.
Luego de sus proclamas, Zúñiga se encerró en uno de los carros blindados y no salió más.
Mientras, la Central Obrera Boliviana, la principal organización sindical del país, declaraba un paro indefinido en contra del golpe y llamaba a las organizaciones sociales a emprender la marcha hacia la capital. El destino específico: la Plaza Murillo.
En el intertanto, cada vez más personas acudían al centro y se acercaban a la vallada plaza para manifestarse en contra de la intentona militar.
Y a pocos metros, en la Casa Grande del Pueblo, Arce realizó la ceremonia formal de nombramiento de nuevos jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Entre los asistentes al acto estaban, como Arce no dejó de subrayar, los mandos de la policía.
Y justamente, mientras el presidente aún daba su discurso a los pálidos jefes militares, los funcionarios policiales que, hasta entonces, habían brillado por su ausencia, tomaron posición entre las masas que pujaban por entrar a la plaza y los golpistas. Protegieron así a los sublevados, que emprendieron una retirada tan súbita como desesperada.
Los carros blindados se refugiaron en las instalaciones del Estado Mayor, en el barrio de Miraflores, ubicadas a menos diez minutos de la Plaza Murillo. Horas después, Zúñiga se entregó en ese lugar a la policía y afirmó que Arce lo había instado a realizar “un autogolpe”.
No aclaró si su acción fue una respuesta a ese requerimiento que, ciertamente, omitió en sus proclamas anteriores, o si toda la asonada, fue en efecto, la materialización -quizás teatral- de ese supuesto autogolpe.
La reacción internacional al intento de deponer al gobierno de Arce fue casi unánime. Los gobiernos de todo el continente, incluyendo a la canciller del argentino Milei, condenaron los hechos. El presidente Boric se sumó a esas declaraciones, aunque, a diferencia de sus colegas, puso el foco en sí mismo (“estoy preocupado”).
La única excepción fue Estados Unidos, que se limitó a declarar que estaba “monitoreando la situación” y a llamar “a la calma”.
Al menos, Washington limita su hipocresía.
El gobierno boliviano, en la escena internacional, se ha destacado por ir en contra de los dictados de Estados Unidos. Ha tomado la iniciativa en las acciones judiciales en contra de Israel por el genocidio que perpetra en Gaza. Ha estrechado vínculos con Irán y ha anunciado proyectos industriales en conjunto con Rusia para darle un uso productivo al litio.
La rápida resolución de la intentona golpista, va a dar origen a una ola de especulaciones, como la ya alentada por el propio Zúñiga. Esas versiones buscan profundizar el conflicto político en el partido gobernante, el MAS, que enfrenta a Arce y al ex presidente Evo Morales. Sin embargo, la destitución de Zúñiga, hace apenas dos días, fue el resultado de sus declaraciones de que impediría con las armas una candidatura presidencial de Morales en 2025.
Los intereses que promueven maniobras de desestabilización son poderosos y, sin duda, buscarán aprovechar las debilidades del gobierno.
Por eso, el pueblo, que derrotó al golpe, no debe sentirse victorioso. No debe dar crédito a las proclamas del “triunfo de la democracia”.
El desafío de este miércoles fue aplastado rápidamente. Eso se debe, simplemente, a que los otros mandos militares decidieron no sumarse a una maniobra ejecutada de manera incompetente y porque retrocedieron ante la amenaza de una movilización popular a nivel nacional.
Quienes digitan estas conspiraciones, siempre saben sacar las lecciones de sus intentos exploratorios. La historia de América Latina lo demuestra. Todo golpe exitoso fue precedido de un ensayo, muchas veces realizado flojamente, para medir la capacidad de reacción del adversario.
El pueblo, sus organizaciones, no deben desmovilizarse, deben mantener su empuje y el dominio de las calles, en exigencia de la completa revelación de la trama golpista, del castigo de todos los implicados, políticos, militares, nacionales y extranjeros, y de una limpieza profunda de las Fuerzas Armadas.
Esa tarea no puede ser dejada al gobierno o a la justicia. Su cumplimiento cabal, sólo puede ser asegurado por la acción decidida del propio pueblo.
De lo contrario, los golpistas actuarán de nuevo. Esta vez, sobre seguro y sin escrúpulos, como ya lo han hecho en el pasado.
Los bolivianos se enfrentan a un enemigo que no cejará en nada con tal de tomar control de sus riquezas, desmembrar el país, imponer un régimen reaccionario y sumiso al imperio.