El 12 de mayo vencía el plazo fijado por la Corte Suprema para fijar un mecanismo de compensación a los afiliados a las isapres esquilmados por las compañías aseguradoras.

La tarea no le correspondía ni al gobierno, ni al Congreso, ni a las isapres, por supuesto, sino a la Superintendencia de Salud. Sin embargo, tempranamente el gobierno, el Congreso y las isapres se activaron para impedir ese desenlace.

A esa cocina se le dio alegre nombre de “ley corta”. Mientras se negociaban los términos, las partes concordaron un pequeño regalito financiero provisional que les permitió a las isapres aumentar el precio de sus planes.

El acuerdo final deja un plazo de 13 años para que las isapres paguen lo que deben (hay un plazo menor para los mayores de 65 años). La suma total fue convenientemente rebajada. Y se les concedió tres años de chipe libre para que hagan caja: pueden subir sus planes como quieran, con un límite de 10% cada año, hasta el 2027.

En términos concretos, serán perjudicados a los que les pagarán la compensación, si es que llegan a recibirla.

Tanto fue el escándalo que hasta en el propio oficialismo, sobre todo, en su ala ex concertacionista, como el senador PS Juan Luis Castro, se quejaron de que, ésta vez, el gobierno se había excedido.

Pero aquí no hay exceso alguno: se trata de exactamente la medida en que funciona este régimen corrupto.