Héctor Llaitul tiene 56 años de edad. La sentencia del tribunal de Temuco le impuso a una pena que recién cumplirá cuando tenga casi 80.

Fue condenado a 23 años de cárcel por atacar a la “seguridad del Estado” y, más específicamente al orden público, además de propagar “doctrinas violentas”.

¿Cuál fue su crimen? Declarar, en dos comparecencias ante la prensa y en la presentación de un libro, que los grandes conglomerados forestales son el enemigo del pueblo mapuche y que éste se defendería del despojo, el robo y la opresión que amenazan a su existencia. En el juicio, Llaitul subrayó que esa lucha continuará, aunque él ya no esté.

En contraste, el funcionario de Carabineros que asesinó a Matías Catrileo recibió una pena de tres años, que cumplió en libertad.

El proceso contra Héctor Llaitul es el resultado de una decisión política. El gobierno de Boric lo acusó de las infracciones a la Ley de Seguridad del Estado. Sin esa medida, “invocar”, como dicen los periodistas, a la legislación represiva de Pinochet, no habría habido juicio. Sólo el gobierno puede ejercer esa acción penal.

Es cierto, la fiscalía le agregó algunos delitos comunes a su acusación, para soslayar ese carácter: hurto de madera, “usurpación violenta”, y “atentado a la autoridad”

En el juicio, la acusación fundó esos hechos en las declaraciones de testigos secretos, las ubicaciones de la señal de celular, y en supuestos mensajes del propio Llaitul. Ninguna de esas incriminaciones soportaría el examen de un tribunal imparcial.

En cualquier caso, esas condenas sólo son una parte menor del total de la pena.

El “atentado a la autoridad”, disparos efectuados, supuestamente, en contra de dos policías, fueron modestos tres años. Es lógico: como no se puede probar que el acusado fuera el responsable de ellos, o sea, lo que sería normalmente un homicidio frustrado, ese castigo pasa inadvertido. La “usurpación violenta”, en tanto, quedó sólo en una multa.

Sólo la madera, supuestamente, sustraída por Llaitul -sólo él; nadie más fue imputado por ese delito- mereció una pena mayor: cinco años de cárcel.

Se entiende por qué.

La supuesta perjudicada es la compañía Bosques Cautín, perteneciente al grupo von Appen.

Ésta controla 25 mil hectáreas de plantaciones forestales. Eso es más que la extensión de la provincia de Santiago, en cuyas 32 comunas viven más de cinco millones de personas. En el caso de bosques Cautín, sin embargo, no hay personas. Sólo pinos.

17 años, en tanto, corresponden a las infracciones a la Ley de Seguridad del Estado. Según la fiscalía y los abogados del Ministerio del Interior, aquellas no se basan en las “palabras” de Llaitul, sino en sus acciones.

Eso es una mentira.

El Ministerio Público ocupó la mayor parte del juicio discurriendo sobre conversaciones telefónicas y mensajes de texto interceptados, además del “análisis” de miembros de la llamada “Fuerza de Tarea Macrozona Sur” de la Policía de Investigaciones. Todo eso demostraría que Llaitul es el “jefe máximo” de la Coordinadora Arauco Malleco y que ordenaba, por sí y ante sí, la realización de acciones de sabotaje, recuperaciones de tierra y otras acciones en contra de esas mismas forestales que él denunciaba en sus pronunciamientos públicos.

Extrañamente, la fiscalía no lo acusó de ninguno de esos hechos.

Sólo le imputó “incitar, inducir o promover”, con “palabras”, actos que alteren el orden público, que fue definido por el tribunal como “aquel estado de tranquilidad y seguridad necesario para que se lleven a cabo las actividades propias de la actividad agrícola y forestal de modo adecuado”. Y lo acusó, además, de hacer “apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnan el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales.”

Los propios jueces señalaron que no se “requiere que se produzca efectivamente aquello a que se incita”. Tampoco es necesario “que se realice el delito o violencia objeto de la propaganda”.

Lo único que cuenta, según la sentencia, no es “un llamado directo a realizar violencia, aunque sí exige cierta finalidad: los cambios políticos, económicos o sociales”.

Más claro, echarle agua.

Los magistrados del tribunal oral en lo penal de Temuco, luego de ese escueto reconocimiento del carácter político de sus decisiones, creyeron pertinente hacer una aclaración notable, pocas veces vista en la fundamentación de una resolución judicial. “Se hace imperativo señalar que la convicción del tribunal se ha asentado no en las opiniones emanadas de personas vinculadas a la actividad política, o eventualmente, al mundo gremial”, se defendieron, negando lo evidente.

Claramente, los jueces -sus nombres son: José Ignacio Rau Atria, famoso por vestimenta extravagante y sus opiniones “progresistas”, Rocío Pinilla Dabbadie, presidenta de sala, y Jorge González Salazar, el redactor de la sentencia- no consideraron necesario encubrir, como se suele hacer, sus actuaciones con lindezas jurídicas.

No. El fallo documenta la ansiedad, reflejada en los errores gramaticales y de ortografía (por ejemplo, “abalar” por avalar, “rosear” por rociar, entre muchos otros) del texto, por evacuar un trámite “emanado”, justamente, “de personas vinculadas a la actividad política, o eventualmente, al mundo gremial”.

Esa misma ansiedad ha quedado de manifiesto en la actividad del Congreso.

Con escándalo, se debatió y aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de “reglas del uso de la fuerza”. Éste era originalmente un complemento de las facultades de Ejecutivo de declarar un estado de excepción encubierto como “protección de la infraestructura crítica”.

Como se trata, de por sí, de un pretexto para emplear a las fuerzas armadas en la represión interna, la derecha no tardó de agregar sus pretextos de fantasías sanguinarias que tanto le agradan. Así, disparar en contra de personas desarmadas no ha de ser “proporcional” a la acción de las víctimas, sino sólo “racional”, es decir, lo que el milico en cuestión juzgue necesario para que esos molestos civiles se dejen de joder.

Como guinda de la torta, quieren que un eventual delito cometido por un uniformado en esas tareas sea visto por la justicia militar. Eso sí que es malo para el personal subordinado. Los jueces militares actuales sistemáticamente protegen a los jefes y desplazan toda la culpa en los rangos inferiores.

Con más silencio, se aprobó en el Senado una nueva ley antiterrorista. Y por cordial unanimidad (la senadora Fabiola Campillai no votó).

Según el gobierno y el fiscal nacional, la actual ley antiterrorista, redactada por la dictadura y modificada durante el primer gobierno de Piñera, es “inaplicable”. Sería muy difícil, explican, probar la “intención terrorista” en un juicio.

Pero el problema real no es ese.

Lo que les cuesta, es conseguir condenas en los casos que quieren declarar como terroristas. Y esos, especialmente,… los mapuche.

Los jueces ya saben que los fallos en contra de comuneros mapuche que han recuperado terrenos robados y que han sido tildados como terroristas, no sobreviven una revisión en la justicia internacional, que ha obligado al Estado chileno a anular sentencias fundadas en la ley antiterrorista.

El proyecto del gobierno resuelve el irritante enredo con los derechos humanos y otras menudencias de un modo que ni a Pinochet se le había ocurrido.

Luego de revisar las recomendaciones de las Naciones Unidas, los protocolos de la Unión Europea, de ver qué hacen los franceses, alemanes y los favoritos del aparato de seguridad chileno, los españoles, los especialistas del gobierno dieron con una solución audaz.

A la complicada pregunta de ¿qué es el terrorismo? en la Moneda descubrieron una respuesta increíble: terrorismo es los que hacen loh’ terroristah’.

En vez de ver acciones, se trata de ver organizaciones. Por supuesto, sólo aquellas que quieran “socavar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático”; esas “estructuras” son, ya los sabemos, los intereses de la familia von Appen y sus plantaciones, y las de los otros grupos económicos y capitales transnacionales. O los que quieran “imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado”. Interesante. Además, se nombran, esto ya es más convencional, los que ataquen infraestructura crítica y, más en general, los que siembren el terror “desmoralizando” o causando temor en la población, debido a los métodos empleados.

En realidad, tan genial no es el invento del gobierno, porque eso de las organizaciones terroristas se lo copiaron, para variar, a los españoles. Literal. Para qué trabajar ¿verdad?

Pero la intención vale. En este caso, la intención, cabe suponer, de imponer temor o desmoralizar a quienes quisieran modificar alguna “estructura” o exigirle algo a las autoridades.

Difícil. Los que están sobrecompensando su temor, son los dirigentes políticos del régimen.

El “Estado democrático”, en general, y el chileno, en particular, históricamente ha puesto ley sobre ley en el afán de protegerse de las luchas populares. Pero ninguna las ha frenado. Ni siquiera cuando el Estado dejó de ser “democrático” y las leyes le importaban un comino.

Lo único que demuestra el actual frenesí por la seguridad del régimen es cuanto pánico tienen por su subsistencia.

Así que sigan nomás, señores, aférrense a lo que puedan, a las ilusiones que tengan más a mano. Porque sus “estructuras” ya están suficientemente socavadas como para que la sostengan sus leyes febriles.