Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur, según el enredado título que ostenta, no parece una persona muy inteligente.

Es cierto, conoce y usa expresiones en francés como mise en scène y domina la jerga jurídica. Pero cuando se trata de aquella materia que más les gusta a las personas inteligentes, pensar bien, Barros como que hace agua.

En un reportaje en Chilevisión, declaró -palabras más, palabras menos- que el gobierno de Venezuela había ordenado el secuestro y asesinato del ex militar golpista Ronald Ojeda en febrero pasado.

Según él, no se encontraron indicios de que Ojeda hubiese participado en “la comisión de algún ilícito”. Se refiere con eso a que no hay antecedentes que lo liguen a una banda criminal que pudiera haber actuado en contra de él. Porque, hemos de entender, la única manera posible de involucrarse con una mafia es cometiendo personalmente un crimen.

“Por lo tanto”, continúa el fiscal, el crimen tuvo un móvil político y fue -preciosa expresión- “solicitado” desde Venezuela.

En otras palabras, el hombre que dirige la investigación estima que si no encuentra evidencia de algo, otra cosa, de la cual tampoco evidencia, se vuelve verdadera. ¡Notable razonamiento!

Un razonamiento que se contradice con el hecho de que la evidencia que sí posee -por ejemplo, que uno de los autores pertenecería al llamado “Tren de Aragua”- apunta a la hipótesis que él declaró descartada.

Consultado sobre sí uno de los captores de Ojeda, registrado en las cámaras de seguridad del edificio en que residía, era un miembro de la “inteligencia venezolana”, todo esto, se entiende, debido a su forma de caminar, Barros responde “eso no lo sé; lo único que puedo asegurar es que es una persona extranjera”.

¡Bingo!

Eso nosotros lo dijimos el primer día: ¡fíjense en los pantalones apretados! Pero eso era una broma. Para el fiscal Barros, en cambio, es evidencia dura. Es algo que él puede asegurar.

Pero quizás el fiscal Barros no es tonto, o no tanto. Sólo que no sabe cómo seguir con sus indagatorias.

No es la primera vez que le pasa.

Barros es el mismo fiscal a quien se le encargó dilucidar qué había pasado con los incendios en las estaciones de metro de Santiago, ocurridas el 18 de octubre de 2019. Dos meses después, afirmó, con la misma seguridad que ahora, que éstos habían sido realizados por “grupos criminales organizados”.

Señaló que, además del famoso informe de “Big Data”, que responsabilizaba a los entusiastas del K-Pop y que él incorporó a su investigación, tenía una “gran cantidad de rostros” de los presuntos autores. Era sólo cosa de tiempo que fueran identificados, anunció.

Bueno. Pasó el tiempo y todas las causas por esos incendios fueron cerradas. Del “big data”, de los “rostros” y los “grupos criminales organizados” no quedó nada.

En la nota de Chilevisión, informó que había enviado un pedido de asistencia jurídica penal a Venezuela y que esperaba “toda la colaboración del mundo y que detengan cuanto antes Maikel y Ronald”, como llama afectuosamente, por su nombre de pila, a dos sospechosos que habrían huido a ese país.

En La Moneda, las declaraciones de Barros cayeron como una bomba planeadora rusa. No tenían la más mínima idea de qué estaba tramando el fiscal Barros. Ni él, ni su jefe, el fiscal nacional, consideraron necesario informar al gobierno de que acusarían al Estado venezolano del crimen. Ya veremos por qué.

Pero en lo inmediato, el gobierno debió improvisar. Ya antes, sin este antecedente, había iniciado un pequeño escándalo diplomático por las declaraciones del canciller venezolano. Yvan Gil había afirmado que, luego de las acciones represivas emprendidas por las autoridades venezolanas en contra de la mafia del “Tren de Aragua”, esa banda había sido destruida. Y agregó que los malandras que usaban ese mote, lo hacían por cuenta propia, es decir, aislados.

El gobierno, por supuesto, sabe eso, puesto que ha sido explicado en numerosas ocasiones por policías y especialistas que han apuntado a que en Chile operan bandas individuales que se disputan territorios y cuotas de negocios ilegales y que, en efecto, se hacen llamar “Tren de Aragua”, porque es un cartel conveniente.

Pero como esa realidad es demasiado complicada -es más fácil controlar a una enorme mafia que a muchos grupos criminales independientes-, el gobierno optó por el escándalo. “Es un insulto”, exclamó la siempre agitada ministra del Interior, Carolina Tohá.

No dijo, nótese, que era falsa la afirmación de Gil. O sea, no sostuvo lo contrario a lo que había señalado el canciller venezolano, es decir, que el Tren de Aragua sí es una organización centralizada que opera desde Venezuela y en que cada uno de sus componentes en la región cumple una función determinada en un esquema mayor.

No. Las palabras de Gil son, no falsas, sino ofensivas. No son los hechos el problema; son los sentimientos, y no sólo de Chile, sino de todo América Latina, los que habían sido heridos. Tan heridos, que el gobierno informó que llamaría a consultas al embajador chileno en Caracas.

O sea, se había armado la pelea.

Todo encaja con la pugna en Venezuela por la inscripción de las candidaturas presidenciales. Luego de que la justicia rechazara la postulación de la ultraderechista Corina Machada, quien está inhabilitada de competir debido a diversas condenas, Estados Unidos y otros países adictos a sus lineamientos han subido la presión sobre Caracas.

Hasta aquí, el escándalo era business as usual. Una pequeña parte de un esfuerzo mayor.

Pero se dio la coincidencia de que, acto seguido, unos pistoleros venezolanos, de esas mismas bandas individuales que operan separadamente y que son más difíciles de controlar, mataron a carabinero de franco en un tiroteo en Quinta Normal.

Del escándalo pasamos a la tragedia sin transición. El corrupto y criminal jefe del cuerpo de Carabineros hizo lo suyo: esconderse detrás del féretro del funcionario asesinado y reclamar, una vez más, la protección que el gobierno le prometió.

Y mientras la tragedia seguía su curso, de golpe, irrumpe la comedia: el fiscal Barros y sus revelaciones.

Tocó trabajar toda la noche en La Moneda, porque muy temprano la ministra Tohá daría a conocer la posición oficial del Ejecutivo.

Habían pensado en todo. Y Tohá lo memorizó, palabra por palabra.

Irían a los foros internacionales a reclamar. La constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus nacionales. No importa: hay un tratado de extradición de hace 60 años, y ese debe ser honrado. Los ojos del mundo están sobre Venezuela. No habrá impunidad. Se hará justicia.

¡Uy!

Un par de horas después, vía Twitter, llegó la respuesta.

Resulta que Barros no había pedido na’ una asistencia jurídica penal a Venezuela. El fiscal nacional de ese país, Tarek William Saab, reveló que lo que había hecho el bueno de Barros es mandar un pinche correo electrónico, el mismo día en que se emitió el reportaje.

¿Y qué pedía en el mail? Los “datos personales y antecedentes penales” de cinco personas, incluyendo al propio Ojeda. ¿O sea, dos meses después del asesinato, Barros pregunta cuál es el RUT veneco de… la víctima?

¿Eso es todo? Sí, eso es todo.

Saab, un hombre de experiencia, agregó que, pese a que “no se trata de una solicitud de asistencia mutua en materia penal, realizada por los mecanismos diplomáticos correspondientes”, la fiscalía “está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio”.

No se conoce la respuesta, ni del fiscal Barros, ni del gobierno chileno. Lo más probable es que sea “gracias, quedamos atentos, entonces”.

Nosotros también.