2024 comenzó a todo ritmo para el jefe de Carabineros. Primero hizo público que había pedido sacar a dos fiscales que investigan su participación en los asesinatos, torturas y otros crímenes cometidos por la policía durante el levantamiento popular de 2019. Acusó a la fiscal Ximena Chong y al jefe Ministerio Público en la sección centro-norte de la región Metropolitana, Xavier Armendáriz, de actuar con “odio y resentimiento” en su contra.
La solicitud había sido presentada a inicios de diciembre, pero una vez que se hizo pública, el fiscal nacional, Ángel Valencia, en vez de decir que, obviamente, todos los fiscales hacen su trabajo de manera objetiva y desapasionada, anunció, con la rapidez de un rayo, que inmediatamente abriría una investigación a los fiscales mala onda.
La maniobra era evidente.
Con su reclamo, Yáñez busca zafar de las investigaciones, con la ayuda de Valencia y el gobierno. Recordemos que Valencia fue propuesto por el presidente Gabriel Boric, luego del fracaso de varias opciones en el Senado, como parte de un acuerdo corrupto con la UDI y del entonces titular del Senado y compadre Valencia, el PS Álvaro Elizalde. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, del PC, estimó que la insólita solicitud del imputado Yáñez correspondía a los derechos de “cualquier ciudadano”.
Claramente, la ministra había olvidado que el jefe de la policía uniformada no es un ciudadano cualquiera, sino el encargado, entre otras cosas, de hacer cumplir las instrucciones de esos mismos fiscales que él considera movidos por el “odio y el resentimiento”.
El hecho, más importante, de que, en un país sedicentemente democrático, la fuerza pública esté encabezada por un presunto asesino y torturador, ciertamente no forma parte de las ecuaciones que considera el gobierno. Yáñez ya estaba en esa situación cuando el entonces presidente electo Gabriel Boric, en enero de 2022, confirmó su nombramiento postrero, realizado por Sebastián Piñera, como general director de Carabineros. Se había celebrado un pacto de impunidad.
Pero pese a la rápida ejecución de la maniobra, los fiscales Armendáriz y Chong contraatacaron.
A través del diario La Tercera, que sirve prácticamente de boletín interno del Ministerio Público, se informó que solicitarán una audiencia de formalización por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, la figura legal que se ha empleado en otras causas de crímenes cometidos por agentes del Estado en 2019.
Y ese mismo diario, minutos después, dio a conocer la respuesta del fiscal nacional: eliminó a Armendáriz de su papel de como eventual fiscal nacional subrogante. Se picó, picó. La represalia, de paso, asegura que Valencia pueda tomarse vacaciones de verano, sin temer que su rival malogre sus planes durante su ausencia.
El gobierno, para variar, no sabía nada de nada. La vocera chuteó la pelota para delante: “estamos a la espera de las resoluciones que estime [quiso decir: adopte, tome, dicte] la justicia”. Siempre a la espera de lo que otros decidan.
En una exquisita exposición, el ya citado diario La Tercera explicó cuál es “la disyuntiva” que enfrenta el gobierno.
“Podría darse el escenario de tener a la máxima autoridad de la institución en frente de un estrado, ante un juez, y en el Centro de Justicia. Pero, a su vez, el Ejecutivo impulsa una agenda marcada por la seguridad y el combate en contra de la delincuencia que requiere apoyos transversales”, escriben los redactores del periódico basándose en las consabidas fuentes de Palacio.
Y, agregan, con tierna ingenuidad: “en todo caso, hay una consideración práctica que complica a Yáñez”. ¿Cuál? Si va preso ¿cómo va a dirigir al Cuerpo de Carabineros? Claro, eso sería un pequeño problemita.
El episodio, sin embargo, sólo demuestra lo ya conocido. Las pugnas internas y el desastre general en todos los componentes del régimen, la fiscalía, el gobierno, el parlamento, la justicia, etc., pueden, incluso, afectar a los más sagrados pactos de impunidad.
Debe estar nervioso el paco, además de odioso y resentido.
Sólo esperemos que en los próximos días y semanas ningún funcionario policial resulte dañado en uno de los ya conocidos intentos de Carabineros de demostrar cuán indispensable es para el régimen.