“Histórico”. A falta de otro adjetivo, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, recurrió a esa, digamos, manida palabra para describir el negocio entre Soquimich (SQM es la sanitizada denominación actual) y Codelco.

¿Qué es “lo histórico”? ¿Es algo que ocurre de forma excepcional? ¿O es algo que pasa siempre? En el caso de la explotación del litio es más bien lo segundo.

Veamos la historia.

Durante la dictadura militar, uno de los yernos del tirano, Julio Ponce Lerou, se hizo del control de la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, hasta entonces estatal.

Como Ponce Lerou no poseía ningún capital de importancia, la forma correcta de describir ese proceso es decir que se robó la empresa con el respaldo de un régimen terrorista, sanguinario y saqueador, establecido para exactamente esos fines.

La proporción de la propiedad de Soquimich quedó en 51% para Ponce Lerou y 49% para Corfo. Una “asociación público-privada”, entonces.

Bajo el gobierno de Frei, Corfo vendió a un “precio preferente” -7 millones de dólares- la participación accionaria del Estado a Ponce Lerou.

Ponce Lerou devolvió el favor -y cobró nuevos beneficios- financiando profusamente a los partidos políticos del régimen, de todas las tendencias. Cuando fue presidenta del PPD, la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, listaba a Soquimich, la empresa, como “militante” de su partido en los registros internos del PPD. Tan decisivas eran las coimas de Ponce Lerou.

A través de esos tratos corruptos, Soquimich logró el monopolio de la producción de litio, un mineral de innegable importancia: es la materia prima para la producción de baterías para, por ejemplo, vehículos eléctricos.

Ese mineral es declarado “estratégico” en la legislación chilena. Eso viene del período de Pinochet, que buscó identificar todos aquellos recursos naturales que sirvieran para la producción de armamento, en general, y armas atómicas, en particular. Recordemos que la dictadura mantenía estrechos lazos con Israel y el régimen racista de Sudáfrica, dos potencias nucleares “no oficiales”.

Que el litio fuera estratégico significa que no se puede concesionar, el mecanismo legal mediante el cual corporaciones privades explotan, por ejemplo, el cobre.

¿Cómo, entonces, Ponce Lerou se hizo dueño del litio?

Mediante un subterfugio tramado durante la dictadura y perfeccionado en la “transición democrática”: un “contrato de arrendamiento” con Corfo, por una cuota de más de 100 mil toneladas de litio, y otra separada para potasio, en el salar de Atacama, además de los derechos de agua y otras granjerías. El costo anual para Soqumich fue de… 15 mil dólares, además de una renta sobre la producción, cuyo monto era fijado por la propia Soquimich.

La vigencia de ese “arrendamiento” sería hasta el año 2030. La cláusula pactada originalmente determinaba, que Soquimich tendría la preferencia para una renovación del contrato, si tenía “interés en ello”.

La crisis del 2008 golpeó duramente a la empresa, que entró en los años siguientes en severas turbulencias financieras. Ponce Lerou elaboró un intrincado sistema de sociedades sobre sociedades, denominado “cascadas”, para ocultar la verdadera situación y, de paso, beneficiarse con operaciones especulativas en el mercado.

Paralelamente, se vio asediado por las investigaciones a las coimas políticas.

En Chile, el desenlace de esas indagaciones fue leve. Luego de un pacto de los partidos del régimen, SQM y sus ejecutivos lograron zafar de las indagaciones por las boletas falsas. El Tribunal Constitucional rebajó una multa de 180 millones de dólares por la manipulación del mercado accionario en el “caso Cascadas”, impuesta por Corte Suprema, a unos módicos 12 millones; una reducción de 93%.

En Estados Unidos, donde SQM transa sus títulos, la empresa tuvo que pagar 30 millones de dólares por violación a la ley de prácticas corruptas en el exterior, e infracciones a la normativa de valores.

En ese contexto, una vez pagadas las culpas, Ponce Lerou acordó con Corfo una renegociación del contrato de “arrendamiento” del salar Atacama. El Estado triplicó la cuota de producción a cambio de un aumento de la renta. Las infracciones al contrato, como la sistemática subvaloración de esa misma renta realizada por más de dos décadas por Soquimich, quedaron perdonadas.

Para el Estado significó un incremento relativo de sus ingresos. Para Ponce Lerou, que accedió a operar, a partir de entonces, desde las sombras, fue el salto a convertirse en uno de los principales actores mundiales del boom del litio. Aprovechó la circunstancia para asociarse con la empresa china Tianqi y un consorcio japonés. Eso le aseguraría una salida a la producción de litio.

Todo, sin embargo, tenía una fecha límite. El año 2030.

Entonces, Chile podría recuperar sus riquezas, si así lo decidía.

El gobierno que asumió en 2022 había prometido, escuetamente, la creación de una “Empresa Nacional del Litio” con -se agregaba- “protagonismo de las comunidades” y “agregando valor a la producción”.

Ya en el cargo, el presidente Gabriel Boric presentó una voceada “estrategia” del litio, en que lo de la “empresa nacional” quedaba en una nebulosa generalidad, mientras que la “asociación público-privada” y la participación de Codelco se delineaban con algo más de detalle.

Ahora, con el acuerdo “histórico” con SQM, ha quedado claro que todo eso eran puras palabras para encubrir las negociaciones con Ponce Lerou.

El entendimiento le otorga un 49% de las operaciones en el salar de Atacama a Codelco hasta 2030, cuando su participación aumentará a 51%. Al mismo tiempo, se expanden las cuotas de producción a partir de ese año.

Se trata de un negocio redondo para Ponce Lerou y sus socios.

En la primera etapa, SQM deberá entregar a Codelco las ganancias correspondientes a una producción anual de unas 33 mil toneladas de litio. Esa correspondería, pagados en seis años, a algo más mil millones de dólares, dependiendo del precio del litio.

El total de la producción actual es de 180 mil toneladas al año. Eso significa que SQM recupera el costo de asociación con Codelco en poco más de un año.

Como comparación, SQM ofreció más de 4 mil millones de dólares para adquirir el yacimiento de Andover, en Australia, un proyecto que aún está en la fase exploración.

A partir del 2030, las ganancias se reparten fifty-fifty sobre, se supone, una producción incrementada. Alguien dirá que SQM deberá conceder ahora la mitad de sus utilidades. Es al revés: de tener, potencialmente, nada, ahora asegura su negocio, gracias al Estado de Chile, por otros 30 años, hasta el 2060.

Esta es la historia.

El gobierno sostiene que el acuerdo con SQM permitirá a Codelco “aprender” y aprovechar “el conocimiento” y “la tecnología” acumulada por la empresa privada.

La ignorancia de nuestros gobernantes es risible.

El método de producción del litio en el salar de Atacama, a diferencia del litio extraído de formaciones rocosas, como en Australia, consiste en inundar porciones del salar con la escasa agua del desierto y esperar, hasta un año y medio, que, mediante la evaporación, se haya separado el mineral. Éste contiene una fracción de litio que es extraído en plantas de refinación que están ubicadas en China, el principal comprador a nivel mundial.

¿Qué “conocimiento” tan sofisticado es ese? Y cómo si fueran los capitales los poseedores de esos conocimientos, y no los trabajadores.

Y, no obstante, el oficialismo clama que todo esto es “histórico”. Algunos tienen la asombrosa ¿audacia?… no, indecencia es la palabra, de equiparar este sucio negociado con la nacionalización de la gran minería del cobre. Sí, de verdad hacen eso.

Que entre los políticos del oficialismo haya quienes embarren las banderas históricas de la recuperación de nuestros recursos naturales en el chiquero de la corrupción y del entreguismo, no debe sorprendernos. No es un descubrimiento reciente. Pero sí es la corroboración definitiva de que, al menos, las formaciones políticas que se reclaman de “izquierda” y “populares”, no podrán nunca más borrar la mancha de vendidos que han pintado sobre sus símbolos y tradiciones.

Sí, este acuerdo entre el Estado de Chile y una empresa ladrona es, efectivamente, histórico. Es la continuación de una historia de saqueo, de robo, de dependencia y de atraso.

Lo bueno es que, para esos males, la propia historia provee de un santo remedio, que se llama revolución.

Es muy eficaz, si se aplica a tiempo y se sigue el tratamiento rigurosamente.