La jornada había sido declarada de “máxima tensión” por la prensa burguesa, que avivaba un ambiente de enfrentamiento y represión.
El gobierno de Milei había iniciado la provocación con un “protocolo” en contra de las manifestaciones populares. Su estilo es más parecido a un bando militar que a un decreto gubernamental.
Pero también el contenido seguía en la misma línea: declaraba al gobierno y a la policía en jueces que determinarían quién “violaba la ley” y sería merecedor de sanciones; prohibía que menores de edad participaran de marchas y anunciaba que crearía registros e impondría un sistema de vigilancia a los presuntos enemigos del Estado.
La capital argentina amaneció, en efecto, bajo una especie de ocupación policial. Agentes revisaban trenes y buses en búsqueda de posibles manifestantes. Desde altoparlantes se emitían amenazas a quienes pensaran marchar y se llamaba a denunciar a los dirigentes de las organizaciones sociales que habían convocado a la movilización con ocasión del “Argentinazo” del 20 de diciembre de 2001.
Como todo con el gobierno de Milei, fue puro cuento.
La marcha se realizó sin inconvenientes mayores, en medio de un contingente policial inédito, y las columnas convergieron en la Plaza de Mayo. Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaraba el operativo represivo “un éxito”, el presidente, Javier Milei, terminaba los últimos toques de un discurso que se emitiría en la noche por cadena nacional.
Aquí también, prevaleció la estética golpista. Rodeado de sus ministros, Milei anunció un decreto de necesidad y urgencia, es decir, normas legales sin la aprobación del Congreso, que, según él, contenía más de 300 medidas. En aras de la brevedad, el libertario mandatario se limitó a enumerar sólo 30 de ellas.
La mayoría, eran derogaciones, sin más, de leyes. Desde la de promoción industrial hasta la que impide la privatización de empresas estatales; pasando por las regulaciones a las farmacias, que tomó un largo apartado de normas que se eliminarían; la ley de manejo del fuego, que organiza el sistema para combatir incendios forestales; la ley de tierras, que impone restricciones a las compras de terrenos por extranjeros; hasta la ley de sociedades, para permitir que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas.
Milei no se tomó la molestia de explicar qué va a reemplazar esas regulaciones, que evidentemente, golpean los bolsillos del conjunto de la población y tocan intereses económicos ya establecidos o favorecen a capitales, muchos con nombre y apellido -un tal Maurizio Macrì, por nombrar sólo a uno.
No hace falta tampoco que profundice en los detalles, porque el decretazo es, de por sí, contrario a la constitución, que sólo permite los decretos de necesidad y urgencia (DNU) “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta constitución para la sanción de las leyes”. Y el propio Milei, como para subrayar la provocación, anunció que convocará “en los próximos días” a sesiones extraordinarias del Congreso para tramitar otras leyes.
La desesperación es evidente.
China suspendió el acuerdo swap, por el equivalente de 6.500 millones de dólares, que permitía solventar los pagos al Fondo Monetario Internacional. Se cierra así, hasta nuevo aviso, la única fuente de crédito externo que posee el país. La noticia es catastrófica.
El plan de Milei, descrito como “desregulación de la economía”, busca -si es que se pudiera realmente ejecutar en una mínima medida- desplazar los costos de la catástrofe financiera al conjunto de la sociedad, lo que significa que afectaría no sólo a los trabajadores, sino a parte importante de los capitales internos y de las clases medias. Con razón, el libertario invocó a “las fuerzas del cielo” para que lo acompañen.