El debate final del plenario del Consejo Constitucional fue largo, casi interminable y tedioso, al igual que el texto que se aprobaron los constituyentes por 33 contra 17 votos. La propuesta suma unas 44 mil palabras, sin contar las disposiciones transitorias, otro acápite extensísimo.
Cualquiera pensaría que era mucho lo que tenían decir los consejeros. Pero las apariencias engañan. Hay mucho, mucho relleno.
De hecho, el consejo aprobó varios artículos duplicados.
Esos errores fueron silenciosamente corregidos por la secretaría, en contravención al reglamento que exige que todos esos arreglos formales y de redacción debían ser aprobados por el pleno en una votación única. Quizás para que no se note la cantidad de motes que habían sembrado los constituyentes, finalmente optaron por omitir ese paso.
Los constituyentes, forzados a cubrir seis minutos cada uno, para justificar su voto a favor o en contra de la propuesta tan voluminosa como vacía, acudieron al viejo recurso de los premios Oscar. Agradecieron a su mamá, a sus colegas y la a tía del aseo (en el estilo de patrón de fundo que impera en el consejo se habla del “personal del apoyo”).
La derecha enumeró las supuestas virtudes del texto y el oficialismo lamentó, una vez más, que no se les haya considerado para llegar a “acuerdos transversales”. La triste monotonía encubrió las contradicciones.
Algunos constituyentes de Chile Vamos y de Republicanos celebraron. Decían que bastaba a votar ‘a favor’ en el próximo plebiscito para que en Chile reine, al fin, la seguridad y el orden. Un discurso redondito, si no fuera por los grandes pensadores de la ultraderecha, Luis Alejandro Silva Irarrázaval, alias “el profe”, y Carlos Frontaura, “experto”.
Ambos, enfáticamente, declararon que con la constitución obviamente no solucionaban ningún problema social.
Según Frontaura, la idea de que mediante las constituciones pudieran aplicar una “ingeniería social” era una ilusión del “proyecto liberal-ilustrado”. Él, por lo visto firmemente ubicado en los dogmas del concilio de Trento de 1545 o, para no ir tan lejos, en las “leyes fundamentales del Reino” del generalísimo Francisco Franco, sabe que esas ideas son peligrosas. Más importantes que las constituciones, explicó, son las tradiciones.
Mientras, los consejeros oficialistas derramaban lágrimas de profunda pena. Ellos, juraron, hicieron todo lo posible por llegar a un acuerdo con esa misma derecha. Pero, ay, no los dejaron. Así, muy a su pesar, acongojados y decepcionados, se veían forzados a votar ‘en contra’.
Así, no con una explosión, sino un gemido, concluyó el trabajo de los consejeros constitucionales. El cierre no es definitivo, queda una última sesión, ceremonial, para entregar el texto de la propuesta al presidente de la República el próximo lunes.
Por sus penas, fueron recompensados con más de 22 millones pesos por cinco meses de trabajo. Eso, sin contar los “gastos de alojamiento de traslado” que ascendía a 1,8 millones de pesos mensuales en el caso de varios de los representantes republicanos, especialmente necesitados.
Tampoco incluye los “gastos menores”, que sumaron, en sólo cuatro meses, más de 3,1 millones de pesos en el caso, por ejemplo, de la fanática “pañuelo celeste” republicana María de los Ángeles López.
Esa misma señora le pagó, con fondos estatales, se entiende, 6 millones de pesos a un tal Raimundo, recién licenciado este año en la Pontifica Universidad Católica y que, en efecto, está realizando su primera experiencia laboral como “asesor” en el Consejo Constitucional. Su gran logro académico es haber sido ayudante de la cátedra de… ¡Derecho Canónico!
Al menos a ellos les sirvió el paso por el gallinero.